Incluso días atrás el Colegio de Abogados de la Provincia, mediante un comunicado, había mostrado su preocupación por la tensa situación, en donde decía que estas mediadas debían ser meditadas “con seriedad y en forma exhaustiva en virtud de las graves e irreparables consecuencias que ellos acarrearían, ya que agravarían la compleja situación que atraviesa la administración de Justicia”.
También el Superior Tribunal de Justicia provincial, emitió una resolución en la que exhorta “una vez más al personal del Poder Judicial de la Provincia el fiel cumplimiento de sus obligaciones laborales; y a que, en caso de manifestarse lo hagan con mesura y respeto por los compañeros y supervisores que se encuentren trabajando en los Edificios del Poder Judicial”.
Aclaran que “sin desconocerse la legitimidad intrínseca del ejercicio normal de estas manifestaciones, se considerará falta grave de promoción de excesos en las mismas, o alteraciones significativas e injustificadas del orden público cuando éstas afecten los edificios del Poder Judicial”.
“Hacer saber al personal judicial que no preste sus servicios con normalidad y habitualidad los días 25 y 26 de febrero del corriente año, que se procederá al descuento de haberes por día no trabajado con pérdida del suplemento por presentismo” dice la resolución del Máximo Tribunal provincial.
Para este descuento, el tribunal se basa en el artículo 24 de la ley provincial Nº 4244, en donde se establece que “el descuento de haberes que como consecuencia de lo dispuesto en la ley Nº 3775 se efectuaran a los agentes y funcionarios del Poder Judicial, quedó restituido con los adicionales otorgados, durante su vigencia, por sucesivas acordadas del Superior Tribunal de Justicia bajo el concepto de "Compensación Jerárquica, Dedicación Funcional y Compensación" y financiadas por el Foro de Justicia -Ley Nº 3259”.
Pude hacerse un paralelismo entre la situación de los judiciales misioneros con los pampeanos, ya que de igual manera el STJ de La Pampa también emitió una acordada por medio de la cual se descontarían los días a quienes adhieran a medidas de fuerza.
Algo curioso que también platea la resolución, es el hecho de que se solicita a los magistrados, funcionarios y jefes de las distintas dependencias judiciales que informen en el plazo de 24 horas si en las de pendencias en las que se desempeñan se llevaron a cabo medidas de fuerza.
Para lo cual se les insta a que indiquen, “asistencias, dentro de estos: personal convocado; personal convocado que no asistió; ausentes sin causa justificada; ausentes con causas justificadas; retiros autorizados; retiros no autorizados, ambos con mención de causa. Como asimismo se produjo alguna anormalidad o entorpecimiento en el servicio de justicia”.
En otro orden de cosas Lewin no descartó seguir con las medidas de fuerza la semana que viene, y dijo que “si tenemos que pedir la realidad sería un 50% pero es imposible, pero que nos den prorrateado, en el presupuesto 2009 podemos tener un incremento salarial que puede paliar esta situación”.