Según el dictamen acusatorio, la sanción es por “la estrecha vinculación que se evidencia entre el magistrado Maqueda y su familia con los hermanos Rodríguez Saá”, lo que evitaría ser imparcial, de acuerdo a lo fijado por el artículo 14 de la ley 24.937.
El dictamen fue avalado por los consejeros Ernesto Sanz (presidente de la Comisión), Conti, Mariano Candioti, Nicolás Fernández, Carlos Kunkel, Marcela Losardo y Santiago Montaña, en tanto que el representante de los jueces Luis María Cabral votó por desestimar la acusación.
Maqueda ya había sido multado en octubre de 2008 con el 30 por ciento de su sueldo por apartarse de las normas vigentes al convalidar un congreso del Partido Justicialista, opositor al kirchnerismo, que se realizó en el año 2007 en la localidad puntana de Potrero de los Funes.
En otro de los puntos del temario del día, la Comisión citó a dar explicaciones a la jueza civil Mariana Gesualdi y al juez de instrucción porteño Manuel Arturo de Campos.
Gesualdi, titular del juzgado civil Nº 5, se la acusa de haber demorado “injustificadamente” dicta sentencia en una causa de autos “Alderete, Antonio Eulogio c/Microómnibus Norte S.A. s/daños y perjuicios” y “Leiva c/Microómnibus Norte s/daños y perjuicios”, y con ello de provocar una situación de privación de justicia.
En tanto que el juez Campos, a cargo del juzgado de instrucción criminal Nº 5, fue denunciado por haberse tomado licencia de su cargo sin una presunta autorización.
Ambas citaciones fueron aprobadas por unanimidad luego de ser propuestas por la consejera Marcela Losardo, representante del Poder Ejecutivo.