Diariojudicial.com accedió al dictamen favorable que elaboró la Comisión acerca del proyecto enviado desde el Ejecutivo, que busca resolver los conflictos de competencia que se sucitan entre jueces y tribunales del país que no tienen un superior jerárquico común.
De esta manera el texto consigna la modificación del “artículo 24 del Decreto-Ley Nº 1285 del 4 de febrero de 1958, ratificado por Ley Nº 14.467 y sus modificatorias”. Se delinea la competencia de la Corte Suprema en todos los asuntos que versen entre dos o más provincias y los civiles entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra, o entre una provincia y un Estado extranjero.
También, “de las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la legación y a los individuos de su familia, del modo que una corte de justicia puede proceder con arreglo al derecho de gentes y de las causas que versen sobre privilegios y exenciones de los cónsules extranjeros en su carácter público”.
Por otra parte, “cuando se susciten cuestiones de competencia entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION decidirá cuál es el Tribunal encargado de resolver el conflicto de competencia, salvo que estime conveniente resolver directamente la cuestión planteada; decidirá asimismo sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia”.
La norma anterior no se aplicara cuando el conflicto se suscite entre jueces federales y nacionales de primera instancia donde deberá decidir la “Cámara de la que dependa el juez que primero hubiese conocido.”
Entre los fundamentos del proyecto original se planteaban datos de los conflictos de competencia en los que había intervenido la Corte entre los años 2003 y 2006. Consignando unos 7.371 conflictos de competencia, lo que hace un promedio de 1843 causas por año. Lo que, según expresan los fundamentos, “sin duda se verá notablemente incrementada por la reciente transferencia de competencias de delitos del Código Penal a la justicia contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pues pueden generarse innumerables conflictos hasta tanto se consolide una jurisprudencia que precise las respectivas competencias”.
En cuanto al tratamiento del proyecto en el recinto, se espera que la semana que viene forme parte del plan de labor, ya que no tuvo demasiado contrapunto en la comisión.