La respuesta fue dirigida a Eduardo Quattropani, fiscal General de San Juan y presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y a María del Carmen Falbo, procuradora general bonaerense y titular del Consejo Federal de Política Criminal, quienes le habían solicitado a la Corte participar y concurrir a la Comisión.
El Máximo Tribunal sostuvo que la Comisión – creada en 2006 luego de la Primera Conferencia Nacional de Jueces realizada en Santa Fe – está integrada por los jueces que integran la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura y que su función no es la de investigar la conducta de los jueces, sino la de “prestar asistencia a los magistrados que denuncien ataques a su independencia”.
“A partir de lo señalado, y teniendo en consideración las funciones que la Constitución Nacional y las leyes orgánicas les encomiendan a los Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores, sumado a la diversa recepción institucional que cada jurisdicción le reconoce a los Ministerios Públicos – tal como se describe en la nota –, no corresponde admitir la petición”, completa la negativa. “Ello así, y sin perjuicio de las acciones que los consejos peticionantes pudieran ejercer dentro del ámbito y el marco de las funciones que le son propias en defensa y favor del fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial Judicial”, concluye la respuesta.
En su pedido a la Comisión, los Consejos sostuvieron que “se encuentran integrados por titulares de los Ministerios Públicos de todo el país” por lo que los ubica “como mínimo” en la misma posición que las entidades de jueces.
“Que no cabe duda alguna, la exclusión de los titulares de los Ministerios Públicos de la posibilidad de concurrir a la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, parcializa o impide el cumplimiento del objetivo buscado por la misma en tanto: `…reforzar los mecanismos para continuar fortaleciendo la independencia del Poder Judicial…` ó `…coordinar actividades tendientes al fortalecimiento institucional del Poder Judicial…`”, expusieron los Consejos.
Ambos organismos habían solicitado en agosto del 2008 una audiencia con Highton de Nolasco para presentar las instituciones y plantear su preocupación por la situación que se vivía en Chubut por el juicio político al procurador General Eduardo Samamé, luego destituido. Según la nota enviada por los Consejos, el pedido fue rechazado. “No se encuentra dentro de sus objetivos la resolución de cada caso en particular, más allá de la relevancia que revista y que deberán seguirse canalizando por la vía que corresponda”, explicaron en su respuesta Argibay y Highton sobre las funciones de la Comisión.
“En verdad, desde el orden práctico, en lo personal, no creo importante tener acceso a la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, pues nació y morirá como mera generadora de declaraciones diplomáticas”, dijo por su parte Quattropani.
El titular de uno de los Consejos que nuclea a los Procuradores y Fiscales generales de todo el país agregó que la negativa a integrar la Comisión sólo puede justificarse “ignorando las funciones de Fiscales, Defensores y Asesores o inscribiéndose en una política abolicionista del Ministerio Público”.