“El objetivo de la comisión, que es loable, es terminar con los procesos en materia de delitos de lesa humanidad, es una deuda que tienen los poderes del Estado con la sociedad y hay que cumplirla, hay que llevarla adelante y me parece muy rescatable que por primera vez los tres poderes del Estado trabajen en conjunto”, dijo Lorenzetti en el acto de hoy en el Palacio de Justicia.
Durante el mes de diciembre, en medio de una disputa sobre la responsabilidad por la lentitud de los juicios por crímenes de lesa humanidad, la Corte recibió a los organismos y, a pedido de éstos, el 29 de ese mes seis de los siete ministros firmaron una acordada que creó la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad.
Lorenzetti sostuvo que la Corte coincidió con los organismos en que tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se abrieron múltiples causas en todo el país y se generó un problema “organizativo”.
“Los organismos de Derechos Humanos plantearon que hay problemas de organización y de coordinación y la Corte como cabeza del Poder Judicial coincide con esto”, sostuvo Lorezentti y enfatizó que es necesario “trabajar para que estos procesos se encaminen pero respetando las normas del debido proceso”.
“Todos los ciudadanos tienen derecho a un juicio justo. También tenemos que satisfacer otro derecho de los ciudadanos que es acceder a la justicia en un tiempo razonable”, enfatizó el magistrado.
Indicó que la comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad (el nombre formal del grupo) se reunirá semanalmente y lo que decida será publicado en la página Web del Centro de Información Judicial (CIJ). Allí los ciudadanos también podrán hacer comentarios y sugerencias respecto de los juicios.
Respecto de las “tareas concretas” que llevó a cabo la comisión, Lorenzetti afirmó que se trabajó en cooperación con la Cámara de Casación en el ámbito de la Capital Federal en el “reordenamiento de las causas en los Tribunales Orales”.
Lorenzetti señaló que es responsabilidad del Consejo de la Magistratura “acelerar todo lo que se refiere a los aspectos edilicios tanto en Capital como en el Interior y también trabajar en el sistema de cobertura de cargos judiciales”. “En cuanto al poder Ejecutivo –continuó- la tarea fundamental es terminar con el proceso de designación de jueces, cobertura de vacantes, y con el listado de jueces subrogantes para que las causas que tienen problemas de naturaleza dejen de tenerlos”.
“Hay un pedido de la Corte de 750 cargos para el trabajo en causas de lesa humanidad”, dijo Lorenzetti y subrayó que “se está trabajando la idea de crear dos o tres Tribunales Orales más en Capital”.
“Por lo que discutió esta comisión parecería conveniente dividir las áreas de Capital -que es un área muy grande con gran cantidad de procesos- del Interior y es probable que la comisión divida en dos áreas la coordinación recurriendo a la colaboración de los jueces más experimentados en la materia”, dijo el magistrado que fue el único orador en el acto.
El magistrado explicó que la labor que seguirá en adelante serán “trabajos prácticos de gestión”.
“La decisión (de constituir) la comisión constituye una señal muy clara respecto de cuál es el sentido que hay que darle a este proceso, no me refiero a su resultado sino en cuanto a la necesidad de que los procesos se lleven adelante rápidamente porque es un reclamo legítimo de la sociedad argentina que es recuperar nuestra memoria, aclarar lo que nos ha pasado, resolverlo jurídicamente con las reglas del debido proceso, aplicarlas a quienes nunca las han aplicado”, manifestó Lorenzetti y agregó: “Nosotros tenemos que dar ese ejemplo”.
Integrarán la comisión el secretario de la Secretaria General y de Gestión, Alfredo Kraut, y el secretario Letrado, Walter Venditti, por parte de la Corte; el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejandro Slokar y Gustavo Bassel como representante del Consejo de la Magistratura.
Tres jueces a los que Lorenzetti calificó como “experimentados” fueron invitados a integrar la comisión. Los magistrados son Daniel Rafecas, Mario Gustavo Costa (jubilado), y Javier Carbajo (secretario de la Cámara de Casación Penal). Por el Ministerio Público Fiscal estarán Jorge Auat y Pablo Parenti y por el Poder Legislativo participará Juan Carlos Salerni, director general de asuntos jurídicos del Senado.