A) QUINCE.

Son los nombres de jueces, en su mayoría camaristas, que lograron zafar "el corralito" financiero y pudieron rescatar sus ahorros retenidos en los bancos por obra y gracia del decreto 1570/01 que luego fue ratificado por la Ley de Emergencia Económica lo que le dio validez constitucional por tratarse de un decreto de Necesidad y Urgencia. Pero más allá de los derechos individuales conculcados lo que cayó muy mal en la Corte, en el resto del Poder Judicial y en el Gobierno es que esos magistrados -en primer lugar- hayan utilizado sus relaciones de amistad o de corporación para lograr que pares suyos no sólo le hicieran lugar a recursos de amparo como a tantos otros ahorristas sino que hasta le hayan otorgado facultades de oficiales de Justicia a ellos mismos o a sus abogados para ingresar a las casas bancarias y retirar por la fuerza sus depósitos. Pero no todos los casos fueron iguales: por ejemplo, Claudio Kiper se presentó de manera civilizada e hizo valer sus derechos previo acuerdo con las autoridades del banco (su hermano fue el que efectivizó el retiro del depósito), firmando el acta correspondiente. Pero el juez de cámara de los tribunales orales penales Ricardo Rizzo Romano cometió excesos, ya que no sólo reclamó lo suyo sino que retuvo a directivos del Banco de Boston hasta que pudo hacerse del dinero, disponiendo luego hacerse acompañar por agentes de la Policía Federal, pese a que se trataba de un acto privado y sin ninguna vinculación con su actividad de juez. Por eso, apenas termine la feria, su nombre circulará en las cercanías de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.

B) INQUIETUD. De la Corte le será transmitida este martes a Jorge Remes Levnicov por las señales contradictorias que le llegan desde el Gobierno con relación a la estabilidad de la cabeza del tercer poder del Estado. Una cosa son los cacerolazos realizados por una minoría alentada -supuestamente- por grupos de la izquierda criolla y por asociaciones de abogados que están afectados en sus intereses por recientes fallos del máximo tribunal y otras, las expresiones de altos funcionarios -incluida la esposa del presidente- y proyectos de reforma constitucional o leyes reformistas de la Corte que pretenden impulsar legisladores del oficialismo. Esta interpretación que se hace en los más altos círculos judiciales no deja de resaltar la contradicción con el apoyo que pidió el ministro de Justicia, Jorge Reynaldo Vanossi, como el que pedirá -ahora- el titular de Economía a las disposiciones en materia económica que impulsa el gobierno. "Por un lado, nos piden que banquemos jurídicamente las resoluciones oficiales que orillan la inconstitucionalidad y por otro, nos operan con amenazas de echarnos", se quejó uno de los jueces que mejor diálogo tiene con Vanossi, quien -por otra parte- ya le ha hecho saber a Duhalde su total oposición a desplazar a la Corte o a sus miembros de manera inconstitucional: "sólo por el mecanismo de juicio político, fundamentado", sostiene el ministro de Justicia coincidiendo en ese punto con los 9 tribunos.

C) AMIA. Uno de los casos judiciales que tomará gran impulso después del receso de verano en la Justicia porteña. Con la asunción de Soria al frente de la SIDE se cree que habrá un mayor volumen de información hacia el tribunal de juicio debido a las excelentes relaciones del nuevo jefe de los espías criollos con el Mossad israelí -esta agencia de Inteligencia brindó protección al ex legislador cuando integraba la Comisión Bicameral de Seguimiento de los atentados a la Embajada y a la mutual judía en sus viajes al extranjero- y porque el propio Eduardo Duhalde estaría empeñado en aclarar todas las dudas de la colectividad y familiares de las víctimas sobre aspectos oscuros de las responsabilidades de antiguos funcionarios en la investigación de los terribles ataques terroristas. Por ello no se extraña que tanto los fiscales como las querellas podrían pedir que se los cite, que se reactive al testigo C que tiene Alemania e incluso que se le tome testimonio al propio Menem. El caso AMIA volverá a instalarse con toda su fuerza antes que concluya el otoño y con revelaciones que podrían sorprender al más informado.

D) DESPUÉS DE LA FERIA. El fiscal del Crimen, Alejandro Molina Pico pedirá que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presente a declarar en la causa por presuntas irregularidades que se cometieron en la concesión de la autopista "Arturo Illía" que une a la avenida Nueve de Julio con el aeropuerto porteño durante la gestión de Fernando de la Rúa en la Capital Federal. Como ya informó esta columna, Anibal Ibarra fue denunciado por presunta estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público al haber ordenado un pago - supuestamente irregular de 28 millones de pesos a la empresa COVIMET, concesionaria de la explotación de esa vía de acceso rápido. La acusación fue formulada por el ex diputado radical Marcelo Gey, quien actúa como querellante en la causa. Además de la Rúa, están involucrados el ex secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo; el ex Procurador del Tesoro, Enrique Marcer y el ex secretario de Hacienda del municipio porteño, Eduardo Delle Ville. Según la denuncia de Gey, Ibarra ordenó el pago de esa suma pese a que anteriormente el gobierno porteño había informado que no existía el anexo XIV del contrato de concesión que permitía renegociaciones en favor del grupo concesionario que -además- se benefició con un incremento del peaje del cien por ciento. "También existe -dijo Gey- una nota del ingeniero Gallo que solicita se provean los fondos para el pago de los $ 28.800.213". El costo final de la obra ascendió a $ 437.000.000, una suma que Molina Pico considera sobreofertada en relación con la obra de tres kilometros de extensión y un peaje de 1 peso por cada vehículo que circula por ella.

hugo morales / dju