El programa tuvo su punto de partida en lo que se hiciera notar con respecto a la Justicia en la Cumbre de Presidentes de Tribunales Supremos de Iberoamérica. En aquella cumbre realizada en Brasilia, se reconoció que el sistema de administración de justicia no es accesible para todos, lo que derivó en la elaboración de las “Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”.
En referencia a ello, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, expresó que “hoy el concepto de justicia es otro... ya no se entiende más a la justicia como un poder principesco. La justicia, el sistema de administración de justicia, debe entenderse como un servicio público claro y transparente que tiene la obligación de oír al ciudadano; de respetar los derechos del acusado y también de hacer lugar al acceso a la justicia del ciudadano victima de delito”.
En este sentido agregó que quienes poseen inconvenientes para ello no son las personas poderosas, sino el ciudadano pobre, ya que “nadie puede negar que para el cadenciado, para el vulnerable, hay barreras culturales, físicas, económicas y sociales para acceder a la justicia”.
La iniciativa está apuntada “prioritariamente a los casos de homicidio doloso, lesión grave dolosa, abuso sexual agravado o robo con violencia en las personas”.
En cuanto a la operatoria del programa, el encargado de recibir las solicitudes de patrocinio letrado de las personas que quieran constituirse como parte querellante en causas penales es el Ministerio Público de la Defensa.
Luego este realiza un examen de procedencia, de acuerdo con los requisitos vigentes, establecidos por una Comisión Tripartita compuesta por representantes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, del Ministerio Público de la Defensa y del Colegio Público de Abogados.
La gratuitidad del programa pasa por el papel que cumple el Ministerio de Justicia, que es quién otorga los recursos necesarios para contribuir con las tareas que desempeña el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Defensoría General de la Nación.