En diálogo con Diariojudicial.com, el vicepresidente de la FUA destacó la necesidad del debate y la aprobación de una nueva ley de Educación Superior aunque señaló que el interés de la mayoría de los legisladores por sancionar la norma en un año electoral varía “de escaso, a inexistente”.
“Para nosotros es trascendental (la aprobación de la nueva ley). Creemos que la actividad de la semana pasada era importante para los estudiantes y para el ámbito legislativo aunque para los medios era más relevante la gripe porcina”, criticó Bastia.
Durante el encuentro, la FUA repartió un documento en el que marcó los “grandes puntos de consenso” entre los más de 20 proyectos presentados entre diputados y senadores. Bastia remarcó el hecho de que todas las iniciativas parlamentarias presentadas “conciben a la educación (superior) como un bien social, algo que se contrapone a la ley vigente”.
“Creo que es un avance que nadie piense desde un punto de vista mercantilista”, subrayó Bastia. En este sentido, en mayo del año pasado, la Corte Suprema de Justicia revocó dos fallos que declaraban la inconstitucionalidad de estatutos universitarios que planteaban la gratuidad de los servicios educativos en términos absolutos.
Otros de los puntos de consenso señalados por el documento de la FUA son la gratuidad de enseñanza de grado; el reconocimiento de representación gremial de los estudiantes; la importancia de la extensión universitaria; la necesidad de la incorporación del voluntariado social y la prioridad de la investigación científica.
Consultado respecto de los principales reclamos de la Federación, Bastia señaló la importancia de la incorporación de estándares de acreditación y de mecanismos de control en la creación de universidades privadas y publicas. El estudiante de ingeniería química de la Universidad Nacional del Litoral aseguró que “antes de crear nuevas universidades es necesario sancionar una nueva ley de Educación Superior”.
“Ante los nuevos paradigmas de ésta época la educación es un derecho y por eso es necesario una nueva ley de Educación Superior que garantice una universidad autónoma, gratuita y con un ingreso irrestricto”, dijo el senador Giustiniani durante el “foro de apertura”.
Por su parte, Cabanchik, doctor en Filosofía y autor de uno de los proyectos de ley para modificar la norma vigente, enfatizó que “la universidad pública debe recuperar la potencia que la caracterizó hasta la década del ‘60 y en ese contexto ser nuevamente relevante dentro del Estado para convertirse en una herramienta transformadora de nuestra sociedad”.
“La universidad –agregó el senador- es una institución excepcional y se debe hacer honor a su complejidad y a los distintos elementos que la componen. Es un espacio de la pluralidad del saber, del debate y otorga la extraordinaria posibilidad de igualación de distintos estratos sociales. Además, es necesario que los jóvenes vuelvan a ser parte de ella”.
En tanto, Morales subrayó que “la educación pública es la política pública más inclusiva y más igualitaria”. “Debemos hacer una propuesta fuerte para generar un debate en serio sobre educación. Desde nuestro partido tenemos proyectos de ley para aportar a la discusión”, indicó el titular de la Unión Cívica Radical.
La ley actual, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem, postula que “las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e institucional” aunque en su artículo 30 prevé que las universidades pueden ser intervenidas por el Congreso y, si este se encontrara en receso, por el Poder Ejecutivo.