Las revueltas populares que dieron origen a la represión a manos de las Fuerzas Armadas, se produjeron por el rechazo de la población a un proyecto del Ejecutivo para exportar gas hacia Estados Unidos por los puertos de Chile. Bolivia y el país andino mantienen una disputa por la salida al pacífico y el primero reclama desde que perdió su litoral en una guerra a finales del siglo XIX.
El ex mandatario, que gobernó Bolivia entre 1993-1997 y 2002-2003, será juzgado por nueve delitos, entre ellos el de “genocidio” por la masacre sangrienta. En el país vecino tal delito se sanciona con una pena máxima de 20 años de prisión mientras que para el asesinato se prevé una pena máxima de 30 años.
Sánchez de Lozada se fugó a Estados Unidos y nunca volvió a tocar suelo boliviano. Por ese motivo, en noviembre pasado, el gobierno del presidente Evo Morales pidió formalmente a Estados Unidos la extradición del ex mandatario y de sus ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague. El departamento de Estado aún no respondió la requisitoria.
El juicio, que se desarrollará en Sucre sede del Poder Judicial de Bolivia, será el primer proceso al que se enfrentará un ex presidente constitucional. El único antecedente similar es el juicio del ex mandatario “de facto” Luis García Meza, condenado a 30 años de prisión en una cárcel de La Paz.
El fiscal que lleva adelante el caso, Milton Mendoza, declaró que de acuerdo con la ley, se suspenderá el proceso para los ausentes y sólo se iniciará el proceso a los presentes. “La ley prevé la separación del proceso, (a los ausentes) se los declara rebeldes y se interrumpe la prescripción”, indicó Mendoza que agregó que los acusados que no estén en Bolivia serán juzgados a su regreso a ese país, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido".
“El juicio constituirá un precedente para que en nuestro país nunca más se pueda privar de la vida a los ciudadanos usando la fuerza del Estado”, subrayó Mendoza.
El MAS (Movimiento al Socialismo), partido político del actual Presidente, es el principal impulsor del juicio contra Sánchez de Lozada, sus ministros y altos mandos militares.
Hoy, desde Washington, la abogada del ex mandatario, Ana Reyes, aseguró que el juicio contra Sánchez de Lozada constituye una “persecución política”. “Al otorgar asilo político a otros acusados que formaron parte del gobierno de Sánchez de Lozada, varios países han reconocido que no hay un sistema judicial independiente en Bolivia”, denunció Reyes mediante un comunicado.
La abogada se refería al asilo que otorgó Perú a los ex ministros Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia y Jorge Torres Obleas. Reyes sostuvo que Sánchez de Lozada actuó legalmente en octubre de 2003 “al responder a los manifestantes armados y violentos que juraron derrocar al Gobierno electo democráticamente, tomaron rehenes a 800 personas y bloquearon la ciudad capital, previniendo la entrada a La Paz de gasolina, comida y otros suministros”.
“Los eventos de 2003 han sido investigados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y fiscales independientes del Ministerio Público de Bolivia. Ambas investigaciones concluyeron que la respuesta de las fuerzas armadas bolivianas fue legal y responsable”, agregó Reyes.
Tras la salida de Sánchez de Lozada del poder, Bolivia ingresó a una etapa de transición, en la que gobernaron Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez. Este último convocó a elecciones generales, mediante las que accedió a la primera magistratura el actual presidente Evo Morales.