La causa se originó por una demanda del Gobierno porteño contra el Estado Nacional y el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), por la gran cantidad de irregularidades en la construcción de asentamientos en las villas 31 y 31bis. Reclamaban que cesen las edificaciones y que el Gobierno Nacional ejerza el poder de policía en el lugar.
El legislador porteño por la Coalición Cívica reclamó al Consejo que sancione a la jueza a cargo de la causa “por incumplimiento reiterado de las normas procesales y sustantivas que disponen que las audiencias sean públicas”.
Di Filippo denunció a De Negre porque “ha violado derechos de forma irreparable” y ha “buscado excusas legales mal aplicadas para no cumplir con el principio republicano de publicidad de los actos de Gobierno”, esto es por no haberle negado de participar de una audiencia del proceso.
“Nuestro sistema judicial prioriza las facultades ordenatorias de los magistrados por encima de los habitantes de aplicar en los procesos judiciales la ´democracia directa´ que no sólo no resulta aplicable en nuestras prácticas jurisdiccionales ni jurisprudenciales, sino que además resultan irritas a todo el ordenamiento procesal, debiendo resaltarse la discrecionalidad de los jueces para dictar medidas ordenatorias de los procesos en trámite aún sin requerimiento de parte”, remarcaron los consejeros.
Así, señalaron que “no resulta de la actuación de la magistrada ninguna irregularidad que constituya alguna de las causales de remoción, ni falta disciplinaria”.
De esta manera, los consejeros Diana Conti, Santiago Montaña, Marcela Losardo, Luis María Cabral y Mariano Candioti avalaron la actuación de la magistrada al frente de la causa. Ahora, para que la denuncia sea desestimada, el Plenario del Cuerpo debe aprobar el dictamen de la Comisión.