El Tribunal Oral Criminal Nº 12 (TOC12) declaró "inimputable" a Martín Ríos, más conocido como el "tirador de Belgrano", quien fue enjuiciado por el homicidio del joven Alfredo Marcenac, cometido en julio de 2006. En forma unánime, los jueces Ana Dieta de Herrero, Carlos Bruno y Alfredo Rizzo Romano, dispusieron que Ríos permanezca internado en la Unidad 20, neurosiquiátrico Borda, hasta tanto deje de ser un “peligro para sí y para terceros”, lugar en el que será sometido a un tratamiento para así evaluar la evolución de su salud. En los alegatos, el fiscal Carlos Giménez Bauer, había solicitado la pena de reclusión perpetua para Ríos por el delito de homicidio agravado por placer, tal cual había sido procesado en primera instancia por la jueza María Fontbona de Pombo. Ríos fue enjuiciado por el homicidio del joven Marcenac, y de herir a otras siete personas, luego de efectuar varios disparos en plena avenida Cabildo, casi intersección con José Hernández, el 6 de julio de 2006.
El receso se iniciaría el lunes 6 y se prolongará hasta el 31 de julio
La Corte Suprema de Justicia resolvió adelantar la feria judicial en el marco de la emergencia sanitaria que rige en el país y tras el pedido del gremio judicial y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). La decisión sería formalizada este jueves por la mañana en la que además se definirían los plazos. Estudian que rija desde el próximo lunes 6 de julio y se prolongaría hasta el 31 de este mes. Ayer, el Máximo Tribunal había pedido informes al Ministerio de Salud y hoy más temprano los ministros otorgaron licencia con goce de sueldo a las funcionarias judiciales embarazadas hasta el 31 de julio. La Corte se suma así a las facultades, escuelas y poderes judiciales provinciales que adelantaron el receso de invierno.
Las testimoniales se hicieron realidad
Tras las elecciones del pasado domingo y habiendo conseguido gracias al voto de la ciudadanía, entrar a una banca de diputados, el gobernador bonaerense Daniel Scioli confirmó públicamente que no asumirá su cargo sino que quedará al frente del Ejecutivo provincial. Así pues, hizo realidad la llamada “candidatura testimonial” tan cuestionada durante la campaña pero avalada por la Justicia. Este martes por la mañana, Ricardo Gil Laavedra, diputado electo del Acuerdo Cívico y Social (ACyS) y uno de los impulsores de las presentaciones judiciales contra las candidaturas testimoniales del oficialismo, advirtió sobre el posible delito que habría cometido el gobernador, encuadrado en el artículo 140 del Código Electoral según el cual "se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo". Según el diputado electo las declaraciones del gobernador apenas horas después de cerrado los comicios, dan cuenta de un engaño consumado. La Cámara electoral había confirmado el fallo del juez Manuel Blanco que dio aval a las candidaturas testimoniales de, entre otros, el gobernador Scioli y el Jefe de gabinete Sergio Massa. Consideraron especialmente un documento presentado por ambos en el que se habían comprometido a asumir "eventualmente" sus cargos.
ARBA dice que puede continuar con los embargos sobre cuentas fuera de la provincia de Buenos Aires
El director de ARBA, Rafael Perelmiter, dijo a través de un comunicado que el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de un planteo de la Asociación de Bancos de la Argentina “no se expidió sobre la cuestión de fondo debatida” por lo queconsideró que el organismo a su cargo "mantiene sus facultades para trabar embargos sobre cuentas y activos bancarios extraños a su jurisdicción". "Somos respetuosos de la Justicia, pero debe tenerse en cuenta que el Máximo Tribunal no se expidió sobre la cuestión de fondo debatida, que son los alcances del artículo 13 bis del Código Fiscal". Para el organismo, ese artículo faculta a la Arencia de Recaudación Bonaerense para "decretar el embargo de cuentas bancarias, fondos y valores depositados en entidades financieras, o de bienes de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución". Según ARBA, "es oportuno destacar que no impide la facultad de continuar con la traba de medidas cautelares sobre cuentas bancarias dentro de la Provincia y que tampoco se objeta la traba de tales medidas sobre dichos activos fuera de la provincia de Buenos Aires, dado que el fallo emanado por el Máximo Tribunal no cuestionó la facultad que a esta Agencia le confiere la Ley".
Piden elevar a juicio a Felisa Miceli por el dinero hallado en el baño de su despacho
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la elevación a juicio de la ex ministra de Economía Felisa Miceli en la causa donde se investigó el hallazgo el 5 de junio de 2007 de 100 mil pesos y 31 mil dólares en el baño de su despacho del ministerio. El fiscal le requirió a la jueza federal de la causa, María Servini de Cubría, la clausura del expediente y su envío a juicio por dos delitos. Uno de ellos el tipificado en el inciso segundo del artículo 277 del Código Penal, bajo el capítulo de lavado de dinero, que castiga con seis meses a tres años de prisión a quien “ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. Y el segundo es el artículo 255 que pena con un mes a cuatro años de cárcel al “que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo”. Marijuan también requiero que el hermano de Miceli, José Miceli, sea sobreseído al no constatarse ningún ilícito de su parte.
El proceso se iniciará el 1º de septiembre
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe unificó en cuatro representaciones a las querellas en la causa en la que se investiga al ex juez federal Víctor Brusa por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. El tribunal hizo lugar parcialmente a un recurso de reposición presentado por un grupo de querellantes, contra la decisión de los jueces de grado que habían dispuesto unificar las querellas en dos representaciones. La primera querella estará conformada por José Ernesto Schulman y Patricia Indiana Isasa, la segunda por Patricia Traba, Anatilde Bugna y Stella Maris Vallejos. La tercera estará compuesta por Jorge Daniel Pedraza, Daniel García y Alba Sánchez en tanto que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación será la cuarta representación. Además del ex magistrado Brusa, están imputados Héctor Romero Colombini, Eduardo Alberto Ramos Campagnuolo, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi, Mario José Facino y Domingo Manuel Marcelini.
Veinte y veintitrés años de prisión
En Misiones, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas condenó a dos ex oficiales penitenciarios imputados por violaciones a los derechos humanos. Ello fue en el marco de la causa “Cuenca, José María s/ tormentos agravados (11 hechos) y Gómez, Rubén Alberto s/ tormentos agravados (18 hechos)”, donde Norma Lampugnani de Arce Mielnik, Manuel Moreira y Carlos Soda condenaron a Cuenca a 20 años de prisión y a Gómez a 23 años. Ambos, fueron condenados por todos los hechos de los que se los imputaba. cometidos a partir de octubre de 1976 en el Penal Federal de Candelaria mientras se desempeñaban como jefes de turno de esa unidad. La lectura integral de la sentencia en audiencia se fijó para el próximo 7 de julio en la sala de audiencias del tribunal oral en lo Criminal Federal de Posadas. FALLO COMPLETO