Con esa figura fueron denunciados la actual mandataria y su marido, el ex presidente, ante la Justicia Federal. La presentación la hizo el abogado porteño Alejandro Sánchez Kalbermatten y quedó radicada en el juzgado federal número cinco, a cargo de Norberto Oyarbide. El magistrado lo citó inmediatamente para que ratificara su denuncia. Según el letrado, el matrimonio habría atentado contra la salud pública al no postergar las elecciones legislativas, tal como lo sugirió la entonces ministra de salud, Graciela Ocaña. El escrito explica que "la necesaria concentración de grandes multitudes es precisamente opuesto a lo que se ha aconsejado en países serios para evitar la propagación de la enfermedad", y agrega que manteniendo la convocatoria a elecciones "lejos de evitar las consecuencias de la pandemia, profundizaron y agravaron la situación". El escrito encuadra su acusación en los artículos 84 y 102 del Código penal. El primero de ellos pena con reclusión o prisión de tres a quince años "al que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas", mientras que el artículo 84 reprime con penas de seis meses a diez años al que por "imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo, causare a otro la muerte".
Comenzará el 6 de julio y se extenderá hasta el 17 inclusive
Esta mañana la Corte confirmó, por medio de una acordada, que la feria judicial se iniciará el lunes 6 de julio y se extenderá hasta el viernes 17 inclusive. El Máximo Tribunal anticipó dos semanas el feriado judicial fijado que estaba previsto entre el 20 y el 31 de julio. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda –que suscribieron la acordada- valoraron, para decidir el adelantamiento, “la existencia de una pandemia de gripe H1N1 con efectos en todo el territorio nacional”. Los jueces dispusieron que “la modificación del feriado judicial se efectúa sin perjuicio de las facultades privativas de los magistrados judiciales para llevar a cabo los actos procesales que fueran urgentes, y de las atribuciones de superintendencia delegadas por esta Corte a la Cámara Nacional de Casación Penal y a las cámaras nacionales y federales de apelaciones para implementar las guardias que fueran indispensables de acuerdo con las necesidades de los fueros o jurisdicciones que de ellas dependen”.
Cuestionamientos a Boudou
El titular de la Administradora Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, fue denunciado por los presuntos delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta", luego que hiciese llegar cartas del organismo a jubilados y pensionados con "autoelogios", días previos a las últimas elecciones. La denuncia la realizó el abogado Ricardo Monner Sans, y recayó ante el juez federal Norberto Oyarbide. El letrado cuestionó la utilización de dineros del Estado para "papel, impresión, sobre y estampillado por su emisión a los destinatarios". "Entretanto, los jubilados argentinos –los únicos que no pueden ejercer el derecho constitucional de huelga- empeoran cotidianamente su situación. Como siempre: como ayer, como anteayer", indicó Monner Sans. Para el denunciante es una "cantidad asombrosa" de correspondencia dirigida a los jubilados y pensionados, y en la misma apunta a denostar a las AFJP "aquellas que recibieron de este mismo gobierno, un año antes de la estatización, la posibilidad de recibir afiliados del sistema público".
Entre Ríos: el gremio judicial se reúne este viernes para insistir con un aumento salarial
La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) se reunirá este viernes para analizar los pasos a seguir ante el reclamo que hace un año viene haciendo por aumentos salariales. “Han pasado 365 días y, a pesar del proceso inflacionario, seguimos percibiendo el mismo salario. Esta demanda no es un capricho, sino que se trata de una necesidad”, dijo el secretario general del gremio, Fernando Cañete. La reunión plenaria de hará en la localidad de Diamante. “Si uno se pone a ver los datos de la recaudación, al menos hasta mayo, que es lo que está publicado, me parece que existen los recursos suficientes para otorgar un aumento salarial”, consideró Cañete.
La jueza porteña Weinberg de Roca juró en la ONU
Inés Weinberg de Roca, Presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juró el 22 de este mes, como jueza del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas. Se trata de un órgano administrativo, formado por jueces provenientes de 15 países, que entenderá en cuestiones laborales y disciplinarias en el seno de la ONU. Los tribunales comenzaron a funcionar este miércoles, bajo un sistema de doble instancia, previendo la resolución alternativa de conflictos con figuras como la mediación y el ombudsman. Se da en el marco de una reforma del sistema judicial interno de la organización mundial. La jueza Inés Weinberg de Roca, elegida por la Asamblea General para este rol, es camarista por concurso de la Ciudad desde 2000. Fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda por la ONU en 2003 y seleccionada para formar parte de la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia en 2005.
Evo pidió la creación de un Tribunal Interamericano para juzgar a los golpistas hondureños
Bolivia solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la creación de un Tribunal Penal Interamericano para juzgar a quienes realizaron el golpe de estado contra el gobierno de Manuel Zelaya en Honduras. La propuesta impulsada por Evo Morales se basa en el artículo tres de la Carta Democrática Interamericana. El presidente vecino manifestó que “Bolivia propone que en el marco de la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Asamblea de la OEA cree un tribunal interamericano para la democracia en Honduras”. El Mandatario agregó que el tribunal tendrá la finalidad de recibir denuncias, investigar, procesar y sancionar a las personas que hayan cometido delitos y atentados contra la democracia y los derechos humanos en Honduras.