La Cámara federal porteña había convalidado el dictamen del magistrado, quien dijo haberse encontrado con la mayor parte de la causa prescripta y con pocas posibilidades de avanzar en la investigación.
El contador Antonio Casabona, querellante en la causa que se inició en 1990, acusó en duros términos a Liporaci de quien dijo que no sólo tendría que haber sido separado de la causa, sino "del cargo y terminado en la cárcel". Casabona reclamó, en declaraciones a distintos medios, el juicio político de Liporaci por haber permitido que prescribiera la causa, pero no efectuó precisiones respecto de los pasos que seguirá en su demanda. De persistir en su intención tendrá que aguardar la finalización de la feria judicial que también abarca al Consejo de la Magistratura, donde se sigue sumando pedidos de juicio contra magistrados por el contenido de sus sentencias.
El querellante hizo mención a la prescripción de la causa 14.281, en la que se unificaron distintas acciones iniciadas a partir de 1988, período durante el cual las actuaciones estuvieron a cargo de los ex jueces Néstor Blondi y Ricardo Weschler.
En su descargo, el magistrado señaló a La Nación que cuando se hizo cargo de la investigación en 1993 "prácticamente los hechos estaban prescriptos", con relación al cobro indebido de reembolsos impositivos. La Cámara Federal confirmó el fallo de Liporaci por el cual se determinó la extinción de la acción penal, pero reprochó que fue el resultado de "una dilatada y morosa instrucción, lo que ha impedido el adecuado esclarecimiento de los hechos denunciados".
De acuerdo con las denuncias efectuadas, durante la construcción de la represa -a la que el ex presidente Carlos Menem había calificado como "un monumento a la corrupción- se pagaron sobreprecios y coimas, que habrían tenido incidencia directa en el encarecimiento de las obras que tenían inicialmente un presupuesto de 2500 millones de pesos y terminaron costando mas de trece mil. Según señaló Casabona, se pagaron reembolsos por más de dos mil millones de dólares por maquinarias de fabricación nacional, cuando en realidad eran de origen extranjero "con la connivencia dolosa de la Secretaría de Industria". Así hizo referencia a una ley por la cual el Estado había resuelto subsidiar la adquisición de maquinarias e insumos de origen nacional, para la construcción de la represa.
Casabona reveló que los integrantes de la Sala Segunda de la Cámara Federal (Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzum) "están absolutamente persuadidos que las denuncias que hice tienen fundamentos mas que sobrados". En ese sentido, dijo que Liporaci "en ningún momento pidió la factura de los proveedores para verificar lo que yo decía, que se pidieron reembolsos sobre maquinarias de origen extranjero".