El paro fue convocado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la entidad más numerosa de jueces del país, y contó con el apoyo de juntas provinciales de jueces que en los últimos días votaron a favor de la medida de fuerza. En total, unas 12 jurisdicciones judiciales se sumaron a la huelga.
Los magistrados critican la falta de avances en el Plan de Modernización de la Justicia, que prevé en tres años invertir 600 millones de euros y la creación de más jueces y unidades judiciales.
Sin embargo, el portavoz de APM, Antonio García sostuvo que "una cosa es trazar un programa para reformar la Justicia a tres años y otra adoptar desde ya medidas que son necesarias" para mejorar la actual situación.
"Un fogonazo adecuado para eliminar instantáneamente las sombras que amenazan la coyuntura política, pero absolutamente incapaz de alumbrar la desesperación ciudadana y judicial que llevó al actual proceso reivindicativo", opinó la Asociación, según informó la agencia de noticias EFE.
El 18 de febrero pasado el 35,5 por ciento de los jueces realizaron la primer huelga de la historia de la Justicia de España. La diferencia con la de este jueves es que en aquella no participaron los magistrados de la APM.
El paro había sido convocado por las entidades de jueces más chicas, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.