El Máximo Tribunal y la jefa de los fiscales explicaron que “desde la creación del Registro (RUD), se han planteado diferentes inconvenientes” pero que se debe recordar que su “objetivo fundamental” es el de “suministrar al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires un instrumento para hacer más efectiva la garantía del debido proceso legal, permitiendo conocer y administrar eficazmente la información sensible relativa a las personas sometidas a encierro”.
El registro fue creado por la ley 13.203 que en su artículo segundo establece que allí “ingresarán los datos que se reciban de los organismos judiciales, los que dentro de las 24 horas de que dispongan la detención de una persona o desde el momento en que la misma haya sido puesta a su disposición en tal condición, deberán remitirlos al Registro con los datos que permitan identificar las circunstancias personales, procesales y lugar de alojamiento del detenido”.
El pedido de cumplimiento de la norma fue enviado a los jueces garantías, correccionales, de ejecución y a los magistrados de los Tribunales en lo Criminal, de las Cámaras de Apelación y Garantías, del Tribunal de Casación Penal y de Secretaría Penal de la Suprema Corte de Justicia.
El Máximo Tribunal dispuso que la información que los jueces penales deben dar es sobre los “trámites producidos en relación a personas privadas de su libertad” y dentro de las 24 horas hábiles de producida la detención de la persona.
Pero la Suprema Corte también advirtió de problemas ajenos a los jueces. Por ejemplo, la falta de Internet en algunos juzgados para dar la información.
Por eso, dispuso que la intervención de la Subsecretaría de Información de la Suprema Corte de Justicia para brindar el “apoyo necesario para el correcto funcionamiento del RUD en los organismos jurisdiccionales del fuero, incluyendo soporte técnico, actualizaciones de software y conectividad adecuada” y para que documente “todo problema técnico que impida o torne defectuosa la conexión de los organismos jurisdiccionales al RUD”.
“La Secretaría de Asuntos Institucionales realizará las gestiones para la articulación interinstitucional con los organismos del Poder Ejecutivo, con el objeto de garantizar la comunicación fehaciente e inmediata al Juez interviniente de todo traslado, modificación del régimen de alojamiento o cualquier otra circunstancia relevante vinculada con las personas detenidas a disposición del Poder Judicial”, agregaron.
El recordatorio a los magistrados fue dictado a través de la resolución 3198/09 firmada por los ministros Luis Genoud, Hilda Kogan, Héctor Negri, Daniel Soria y Juan Carlos Hitters, y la procuradora general, María del Carmen Falbo.