La jueza contravencional porteña María Araceli Martínez absolvió este jueves a cinco delegados de las villas 31 y 31 bis, que encabezaron un corte total de la autopista Illia durante más de ocho horas en noviembre del año pasado. La audiencia fue muy breve: sólo se conoció el veredicto. Los argumentos se darán el 9 de noviembre. La fiscal del caso, Genoveva Cardinali, había pedido cinco días de trabajo comunitario y que realicen un curso de derechos humanos. Los delegados que estaban imputados por violar el artículo 78 del Código Contravencional son Julián Wald, Amalia Aima, Ramón Ojeda, Malvina Vargas y Aida Campó. Durante el corte, los vecinos reclamaron por la urbanización de ambas villas y que se les permita participar en la demanda que promovió la Ciudad para frenar las construcciones en altura, por considerarlas riesgosas.
Ordenaron su “inmediata detención”
Por unanimidad, la Cámara en lo Criminal Nº 1 de Santa Rosa (La Pampa) condenó a Juan Pablo Tripputi a tres años de prisión y lo inhabilitó por diez años para conducir vehículos. Los camaristas Abel Bartolomé Rafael Depetris, Carlos Alberto Mattei y Graciela Cristina Martín, que ordenaron la “inmediata detención” de Tripputi, consideraron que el joven, hijo del vicepresidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, fue “autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo ocasionado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor” (artículo 84 del Código Penal). En enero de 2004, Tripputi chocó con su auto en las afueras de la ciudad de Santa Rosa y producto del accidente falleció su amigo Damián Rodríguez. Tras el accidente, Tripputi se mudó a la ciudad de Córdoba, donde trabajó como empleado judicial. Su designación, aprobada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fue ampliamente criticada por encontrarse bajo proceso. En agosto, por unanimidad los ministros de la Corte Suprema de Justicia rechazaron un recurso de la defensa del imputado que pidió la probation.
Nadie levantó la mano
El remate judicial de la residencia de la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray quedó desierto por falta de interesados. La presencia de los medios, la obligación de trasladar el 30 por ciento del monto en efectivo, y la posibilidad de que se reduzca en el futuro el valor de la lujosa propiedad, que tenía una base de $3.584.000, fueron las posibles causas del fracaso. Ahora, el Tribunal Oral Federal Nº4 deberá decidir si modifica el valor del petit hotel o las condiciones de la subasta, que aún no tiene nueva fecha.
Investigan a la UCEP de Macri
Las oficinas de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) del Gobierno de la Ciudad fueron allanadas por orden del juez en lo Contencioso Administrativo porteño Roberto Gallardo, raíz de una denuncia por presuntas irregularidades de operativos llevados a cabo por el organismo. El allanamiento fue uno de los pedidos realizados por el asesor tutelar de menores Gustavo Moreno, ante la posibilidad de que menores de edad se vean perjudicados por operativos realizados por la UCEP. La denuncia que dio origen al allanamiento en las oficinas ubicadas en Carlos Pellegrini al 200, fue por dos jóvenes que dijeron haber sido agredidas a golpes y bajo amenazas por integrantes de la UCEP el 1 de octubre pasado. Una de las mujeres- según se denunció – estaba en ese momento embarazada de 18 semanas, y a raíz de los golpes habría sufrido el desprendimiento de placenta. La denuncia, presentada por el abogado Adrián Albor, por las lesiones que habrían sufrido ambas jóvenes, fue dirigida contra el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo.
Procesaron a Luis D´ Elia por la toma de la Comisaría 24
El líder piquetero Luis D´ Elia fue procesado este jueves por la toma de la Comisaría 24 del barrio de La Boca en reclamo por la muerte de un dirigente social. La media fue dictada por el juez federal Sergio Torres que procesó a D´ Elia los delitos de lesiones leves, daño agravado por tratarse de bienes de uso público, y coacción agravada por haber tenido como propósito la obtención de una medida por parte de los poderes públicos. La misma resolución tomó el juez con Ángel Borello y Luis Alberto Bordón, dirigentes que acompañaron a D´Elia en la toma de la Comisaría. El hecho ocurrió el 26 de junio de 2004 cuando un grupo de dirigentes, encabezados por el líder piquetero, llegaron hasta la comisaría para reclamar por la muerte de Martín Cisneros, ocurrida un día antes y de la que endilgaban complicidad a la fuerza.