En el marco del 137 periodo de audiencias la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó las posiciones de las partes en la causa “Horacio Verbitsky y otros sobre libertad de expresión”. Los peticionarios de la audiencia fueron Verbitsky, Tomás Sanz y Gabriela Acher, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Los peticionarios solicitaron que la CIDH su informe de fondo y presente el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar que se concrete tanto la despenalización como la reforma del Código Civil, en lo que respecta a las calumnias e injurias en casos de interés público.
“Es un proceso que comenzó hace 17 años que provocó que en 1993 el desacato fuera derogado e inmediatamente comenzaron las querellas por calumnias e injurias. Que al igual que el desacato, cuando eran aplicadas o promovidas por funcionarios públicos coartaban la libertad de expresión” dijo Verbitsky con respecto al transito de la causa y lo que expresó la comisión hace 15 años.
Luego habló acerca de cómo a través de los años el proyecto fue pasando de manos por los distintos gobiernos y nunca se había tratado. “El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y que cuenta con media sanción de Diputados, despenaliza las calumnias e injurias pero no incluye la reforma civil” expresó y agregó que “mientras se sigan abriendo procesos se siguen sometiendo a las personas produciendo violaciones de derechos, por eso es imprescindible que se produzca el informe de fondo”.
Damián Loretti, miembro de la comisión directiva del CELS, luego de mencionar el caso del periodista entrerriano Daniel Marclay enfatizó la importancia del caso Acher pues demuestra la falta de modelos comparados de jurisprudencia de resoluciones con respecto a las sátiras o parodias, recalcando que el fallo de la Corte Suprema que castiga a Acher, habla de un “acto imprudente y no malicioso”. Por lo que destacó la “enorme relevancia que puede tener una resolución de la Comisión y de la Corte Interamericana sobre sátiras o parodias referidas a funcionarios y personas de reconocimiento público”.
La principal duda de la Comisión versó sobre la existencia o no de proyectos que modifiquen el Código Civil en cuanto a las calumnias. La representante del Estado Nacional Silvia Fernández, puntualizó sobre las acciones que se realizaron destacando que “tanto en el ámbito de la actual Corte Suprema, como en tribunales inferiores, el análisis de casos reconoce la aplicación de la doctrina de la real malicia”. Para lo cual cito el ejemplo de la Cámara Nacional en Comercial que en el 2007 en el caso “Campo Eduardo c/ Editorial Sarmiento” demuestra esta incorporación por parte de la Corte Suprema.
No obstante, y luego de mencionar también el proyecto que actualmente se encuentra en la Cámara de Senadores sobre la despenalización de los delitos de calumnias e injurias, y comprometió al Estado a formalizar por escrito “el estado procesal de cada uno de los casos”.
Ahora la Comisión deberá realizar el informe de fondo, lo que permitiría que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que es la pretensión de los peticionarios.