Los funcionarios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y los jueces civiles nacionales que no permitieron el casamiento entre dos hombres serán investigados por la Justicia penal. Así lo dispuso la jueza en lo contencioso, administrativo y tributario de la ciudad Gabriela Seijas, que había autorizado el casamiento de Alex Freyre y José María Di Bello. La magistrada porteña hizo lugar a un pedido de la pareja y dispuso que como su sentencia quedó firme y el Gobierno de la ciudad no la cumplió la Justicia penal tome vista de la causa “a fin de que tome la intervención que considere oportuna ante la posible comisión de un delito por parte de tales autoridades”. En el mismo sentido se pronunció respecto a la jueza civil de primera instancia Martha Gómez Alsina y los integrantes de la Sala E de la Cámara Civil, Fernando Racimo, Juan Carlos Dupuis, y Mario Calatayud, que suspendieron la boda por incompetencia de Seijas para entender en la causa. Dispuso que se analice si sus conductas “pueden ser consideradas instigadoras de la conducta renuente de las autoridades del Gobierno de la Ciudad”. El conflicto de competencia está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se oficializó el cambio de mando al frente del INADI
Este viernes se oficializó el cambio de titular para el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI) por medio de la publicación de dos decretos, el 1967/2009 y 1968/2009. Con el primero, se aceptó la renuncia a la, ahora legisladora, María José Lubertino Beltran. Mientras que con el segundo se oficializó la designación de Claudio Morgado al frente del organismo dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Sendos decretos se encuentran rubricados con la firma de la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de la cartera de justicia, Julio Alak.
Inadmisible el recurso de Casación
En un fallo dividido, la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, declaró inadmisible un recurso de casación presentado por el ex presidente Fernando De la Rúa, contra el fallo que había lo había procesado en la causa por las supuestas las coimas para la sanción de la ley de reforma laboral en el Senado. El ex presidente fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas al considerarlo responsable del hecho tipificado a la luz de la figura de cohecho activo agravado, en calidad de coautor. A De la Rúa se le atribuye haber ordenado, o al menos no haber impedido, el pago de sobornos a senadores de la oposición, con el fin de que votaran favorablemente el proyecto de reforma de la ley laboral enviado por el Poder Ejecutivo. Según el juez, el ex presidente formó parte en calidad de coautor de una maniobra que culminó con el pago de 4.300.000 pesos a cinco o más senadores justicialistas, entre los que se encuentran Constanzo, Cantarero, Alasino, Branda y Tell. Los demás implicados en la maniobra que se le enrostra a De la Rúa son Fernando De Santibañes, ex secretario de Inteligencia del Estado, José Genoud -ya fallecido- ex presidente provisional del Senado, Mario Flamarique, ex ministro de Trabajo y Mario Pontaquarto el arrepentido ex secretario parlamentario de la Cámara Alta.
El represor insistió en defender la “guerra sucia” y citó al flamante ministro de Macri
El ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez fue condenado este jueves, al igual que en julio de 2008, a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar. El tribunal que lo juzgó en Córdoba le revocó además el beneficio de la prisión domiciliaria y ordenó que cumpla la pena en el penal de Bower, una cárcel común. La lectura de la sentencia tuvo lugar este viernes por la tarde y los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo martes. Menéndez fue condenado por el secuestro, la tortura y el asesinato del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, en 1979. También fue inculpado por los secuestros y tormentos sufridos por otras nueve personas entre 1976 y 1977. Por el asesinato de Albareda también fueron condenados a prisión perpetua y cárcel efectiva el ex jefe de la policía cordobesa coronel retirado Rodolfo Campos y los ex policías del Departamento de Informaciones Policiales (D2) -que tenía a cargo tareas se secuestros, torturas, muertes y respondía a las directivas del Tercer Cuerpo del Ejército- Armando Cejas y Hugo Britos.