El delito de violación a los deberes de funcionario público –por el que Ríos fue denunciada por el abogado Alejandro De la Riva- prevé una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por doble tiempo. Además, el letrado pidió que se investigue a la gobernadora por “falsead ideológica de instrumento público”, que se castiga con uno a seis años de prisión.
En su presentación, De la Riva señaló que “de manera alguna los contrayentes (Freyre y Di Bello) tenían domicilio en la provincia y mucho menos contaban con una sentencia judicial firme capaz de ser ejecutada” en Tierra del Fuego.
Agregó que Ríos no tenía facultad de actuar pues el fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo Gabriela Seijas estaba dirigido al jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y no a otro mandatario provincial.
En la denuncia, De la Riva pidió que se citara a declaración indagatoria al jefe de la policía local, José Ojeda, y a la jefa del Registro Civil de Ushuaia. La presentación del abogado fueguino se sumó a otra iniciada el 30 de diciembre último por el abogado porteño Pedro Andereggen, quien recurrió el matrimonio celebrado el 28 de ese mes y pidió que la pareja y Ríos sean investigados por el delito penal de desobediencia.
El abogado consideró que el casamiento fue celebrado “en abierta violación a la medida cautelar dictada” por la Cámara Civil que había dispuesto la suspensión de la boda, lo que calificó como un “verdadero escándalo” y pasible del delito de desobediencia.
El 15 de diciembre pasado, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco anunció que el Máximo Tribunal se pronunciará este año sobre el amparo presentado por la presidenta de la Falgtb, María Rachid, que pidió que se la autorizara para casarse con su pareja, Claudia Castro.
Ese mismo día, la Corte rechazó un recurso del ex procurador porteño Pablo Tonelli para que el Máximo Tribunal se pronunciara sobre el conflicto de competencia. Es que el primer intento de Freyre y Di Bello de contraer matrimonio, el 1º de diciembre de 2009, fue suspendido a último momento por un fallo de una jueza civil de la Nación, Martha Gómez Alsina. Esa sentencia fue avalada por la Cámara.
La ola de presentaciones, fallos a favor y en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo sugiere que la mejor forma de zanjar el tema es a través de una legislación del Congreso. En ese sentido, en 2009 llegó a tratarse en comisión las iniciativas de las diputadas Vilma Ibarra y Silvia Augsburger.
Fue histórico, pues se trató de la primera vez en que una iniciativa de esas características se trabajó en la Cámara baja. Pero pese al impulso inicial, la mayoría de los diputados no dio quórum y no se pudo realizar, el 10 de noviembre último, la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la Cámara baja.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, ya anunció que el matrimonio homosexual será uno de los temas que tratará el Congreso en 2010. “Nosotros pedimos tiempo para analizar el proyecto. Nunca fijamos posición contraria y estamos dispuestos a debatirlo”, declaró.
En declaraciones a Página/12, Rachid aseguró que en Argentina las encuestas dan un apoyo superior al 70 por ciento al matrimonio gay, antes de aprobado. “Eso es consenso social”, puntualizó.