Buira sostiene que se produce una omisión inconstitucional arbitraria imputable a las autoridades responsables. Estas son: el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Salud Mental y la Dirección del Hospital Ragone y Colonia Lozano. Asimismo, se presentó una nota ante el Inadi para que culmine la discriminación de los pacientes mentales.
En el amparo se sostiene que esa “omisión inconstitucional arbitraria” tiene que ver con el no asistir “adecuadamente a dichos pacientes mentales de acuerdo a las convenciones, declaraciones y estándares internacionales garantistas de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales”.
En Salta el sistema manicomial se encuentra representado por el Hospital Dr. Miguel Ragone y la Colonia Lozano. En el primero hay cerca de ochenta pacientes los cuales “han pasado tanto tiempo allí y tienen nulo contacto con el afuera de la vida ‘intra muros’ que carecen de identidad y son nombrados con apodos discriminatorios y ridiculizantes”. Existiendo falta de identidad, de lazos familiares y sociales y la privación de la libertad, como construcción de una subjetividad que “simboliza el máximo de la precariedad humana”.
Por su parte, los pacientes de la Colonia Lozano también se potencia “la segregación, la exclusión social, el aislamiento ya que cuando crece el río no pueden llegan hasta allí ni los profesionales, ni los enfermeros, ni las familias de los internados, carecen igualmente de un medio de comunicación con sus familiares (teléfono)”.
Para ello, la defensora solicitó al juez, entre otras cosas, que se aumente significativamente el presupuesto destinado a salud mental, presente y ejecute un Plan de Salud Mental en la provincia , que reconvierta el actual sistema basado en la cultura de custodia asilar y sustituya paulatinamente los hospitales psiquiátricos por sistemas alternativos basados en la comunidad. Asimismo solicita el inmediato traslado de los pacientes de Colonia Lozano al Hospital Ragone.
Además de la presentación hecha ante el juez D’Jallad, Buira presentó también una nota ante la delegada del Inadi en Salta, Verónica Spaventa. En ella se solicita el cese de la discriminación de los pacientes mentales internados en ambas instituciones de la provincia, así como analizar la situación desde una perspectiva de género porque “ya que las pacientes mujeres internadas ven agravada su situación por el hecho de ser mujeres siendo víctimas de abusos sexuales durante el tiempo de la prolongada y crónica internación”.