Vega hizo su debut como presidente de la comisión presentado un proyecto –que en rigor es una actualización de otro propuesto en 2008- para aumentar las penas por delitos de corrupción en el que lo central, según él, es “la redefinición de la figura de ‘funcionario público’ acorde estándares internacionales”.
En ese sentido, pidió “actualizar” la definición de “funcionario público” para “abarcar penalmente a aquellos que, sin representar al Estado, trabajan ‘a su servicio’ como serían los concesionarios de obra pública”.
Vega aseguró, al citar un informe del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que en Argentina “un proceso judicial por corrupción tiene un promedio de 14 años de vida y sólo el 5 por ciento termina en condena y casi un 90 por ciento de las causas en prescripciones libertatorias”.
“Esa es una verdadera ofensa para la sociedad y sobre todo para los que menos tienen ya que esa impunidad de la corrupción beneficia al poder político y económico y perjudica al que menos tiene”, aseguró el legislador.
El diputado propuso aplicar multas de hasta el 30 por ciento (de sus ganancias anuales brutas) a las personas jurídicas y físicas que se benefician con actos de corrupción, algo que si bien no está en el proyecto original será planteado en la comisión durante este año.
El diputado enfatizó la necesidad de superar la situación de virtual “legalidad de la corrupción” de Argentina y trasladar las “figuras jurídicas” de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Caracas 98 - Ley 24759) al Código Penal Argentino.
El proyecto de Vega fue acompañado por legisladores del Pro, del Partido Socialista, de Frejuli, de Solidaridad e Igualidad, y de la Unión Cívica Radical.