04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024
Son unos 300 juzgados

Otro cruce entre la Justicia y el oficialismo, ahora por la transferencia de competencias a la Ciudad

Varios diputados K, encabezados por Carlos Kunkel, presentaron un proyecto para crear una comisión bicameral que se encargaría del traspaso de cuatro fueros. Antes, el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, publicó un artículo en el que sostuvo que el traspaso de la Justicia nacional no es “viable” porque exige una “profunda reforma de la Constitución”. La respuesta desde la Justicia porteña fue muy dura.

 
Todo comenzó como rumor, pero esta semana se concretó. El oficialismo en la Cámara de Diputados presentó un proyecto para avanzar con la transferencia de competencias de la Justicia nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires. Pocos días antes, el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, sostuvo en un artículo que el traspaso no era “viable” pues “requeriría no sólo la derogación o modificación de la ley 24.588 -conocida como Ley Cafiero—, sino también una profunda reforma de la Constitución Nacional”.

El subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Presti, se mostró “sorprendido” por el documento que firmó Recondo y le dijo a DiarioJudicial.com, que lo apuntado por el titular de la Asociación de Magistrados “demuestra una equivocada o cuestionable interpretación del artículo 129 de la Constitución”.

“La transferencia es un tema agotado”, dijo Presti e indicó que informalmente dialogó con algunos jueces nacionales que le manifestaron estar de acuerdo con el traspaso.

En su artículo, Recondo sostuvo que “la reforma constitucional de 1994 (…) confirió a la Ciudad de Buenos Aires un status híbrido —sui generis—, que en ningún caso y bajo ningún concepto puede ser confundido con el de una provincia”.

Señaló que, por un lado, el artículo 123 de la Carta Magna establece que “cada provincia dicta su propia constitución” y, por el otro, el tercer párrafo del artículo 129 dispone que los representantes porteños (no constituyentes) deben dictar “el Estatuto Organizativo de sus instituciones”.

“El distingo semántico realizado, al disponer que las provincias se rigen por su propia constitución mientras que la ciudad de Buenos Aires lo hace a través de su estatuto organizativo no es inocente ni casual, sino que demuestra a las claras la asignación de una distinta —superior— jerarquía institucional de los estados provinciales”, subrayó Recondo.

Añadió que “la jurisdicción de los tribunales locales de la ciudad de Buenos Aires deb[e] quedar limitada, como se establece en la ley 24.588, a cuestiones que tienen estrictamente que ver con la vida interna de la ciudad, como las de vecindad, contravencional y de faltas, o las que versen sobre materia puramente contencioso administrativa y tributaria local”.

En tanto, Presti se refirió a los avances en el traspaso y confirmó que mantuvo una reunión con su par en el ministerio de Justicia nacional, Héctor Masquelet, en la que se avanzó en la transferencia de los 24 juzgados de Familia a la Ciudad.

Fuentes del gobierno porteño consultadas por este diario calificaron al artículo de Recondo como un “apriete de los jueces nacionales al Ejecutivo nacional”. El artículo, publicado el 8 de marzo último, vio la luz en el medio de la pelea entre un sector de los jueces (y particularmente el oficialismo de la Asociación de Magistrados) y el gobierno por la reforma al Consejo de la Magistratura y algunas decisiones judiciales desfavorables a la política económica del Ejecutivo nacional.

Las propuestas

El proyecto del oficialismo, presentado por Carlos Kunkel y que contó con el apoyo de los diputados Diana Conti, Alejandro Rossi y Luis Cigogna entre otros, propuso la creación de una Comisión Bicameral especial denominada "Transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que esté integrada por diez senadores y diez diputados de las distintas fuerzas políticas.

En los fundamentos, los diputados oficialistas subrayaron que “en anteriores oportunidades se ha buscado avanzar para lograr la transferencia de la justicia nacional ordinaria, pero debido a la capacidad de lobby de algunas corporaciones judiciales y a los innumerables amparos presentados por muchos que priorizaron sus intereses personales por sobre los de la sociedad en general, se ha truncado el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de poseer su propio Poder Judicial”.

A principios de marzo, el jefe de la bancada del Pro Federico Pinedo presentó su propio proyecto de transferencia de competencias en el que propuso que los gastos para la operatoria “serán absorbidos” por la Ciudad “una vez que le sean transferidas las partidas presupuestarias actualmente afectadas al funcionamiento de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo disminuir en la medida equivalente el porcentual de distribución primaria del Gobierno Nacional en la coparticipación federal de impuestos y aumentar en el mismo porcentual la distribución secundaria correspondiente a la Ciudad Autónoma De Buenos Aires”.

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dju / dju

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