04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Los ahorristas uruguayos llegaron hasta la Corte Interamericana

Demandaron al Estado tras acusar a sus funcionarios de actuar en “connivencia” con los dueños del ex Banco de Montevideo, que transfirió sus depósitos a otra entidad sin consulta previa. En Uruguay se vivió un proceso similar al “corralito” argentino de fines de 2001.

 
Esta semana llegó a la Corte Interamericana una demanda del Grupo de Ahorristas del Banco de Montevideo, encabezados por Alicia Barbani Duarte y María del Huerto Breccia, que reclamaron por el manejo de su dinero y cuestionaron al Estado uruguayo, que habría actuado en “connivencia” con los dueños de las entidades crediticias.

Los ahorristas uruguayos indicaron que no se les brindó una “audiencia imparcial” para sus reclamos ante la comisión asesora creada mediante la Ley de Reforma del Sistema Financiero o ante el Tribunal Contencioso Administrativo en relación con la transferencia de sus fondos del Banco de Montevideo a otro banco, lo cual se realizó sin consultarles previamente.

Solicitaron que el Estado uruguayo estableciera un mecanismo “idóneo y efectivo” para que las personas identificadas como víctimas, así como los otros miembros de un grupo de más de 1.400 personas en situación similar, puedan acudir y tener la posibilidad de acreditar si reúnen los criterios de la legislación aplicable para recibir la compensación prevista de conformidad con la Ley de Reforma del Sistema Financiero.

El Banco de Montevideo quebró en 2002 y los fondos allí depositados fueron transferidos a una entidad en las islas Caimán sin consultar previamente a los ahorristas.

Barbani Duarte y Breccia Farro se presentaron en octubre de 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su nombre y en nombre de 686 personas más por la presunta violación de sus derechos a la vida (artículo 4), propiedad privada (artículo 21), e igualdad ante la ley (artículo 24).

También reclamaron por la violación de las obligaciones de respetar los derechos y adoptar medidas previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Dijeron que las violaciones alegadas serían responsabilidad del Estado por el delito de estafa perpetrado en contra de algunos ahorristas del TCB-Banco de Montevideo, con la supuesta connivencia de las autoridades uruguayas debido a su omisión de controlar las actividades de dichos bancos y sus propietarios.

Este año ya se elevó a la Corte Interamericana la causa por la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman (también contra el Estado uruguayo) y la del Sindicato de Funcionarios, Profesionales y Técnicos de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima contra el Estado peruano.

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dju / dju
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