La novedad de la legislación fue que declaró imprescriptibles los delitos de corrupción, lo que abrió la puerta para que puedan ser juzgados los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez (2005) y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997). Todos están en la mira de la justicia por presuntos contratos lesivos contra el Estado.
También esta semana, el fiscal de La Paz, Félix Peralta, involucró en una investigación sobre fondos reservados a Guillermo Fortún, candidato opositor a la alcaldía de La Paz para la elección municipal del próximo domingo; al ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín y al cardenal Julio Terrazas, máxima autoridad de la Iglesia Católica boliviana.
Los ex mandatarios le apuntaron al actual presidente de Bolivia Evo Morales por la nueva ley. Mesa, que presidió ese país tras la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dijo: “Tenemos el derecho inalienable a procesos justos con normas que respeten las garantías civiles; nadie en democracia debe ser perseguido por su opción política y sus valores”.
Los cuatro ex dirigentes afirmaron incluso que denunciarán la violación de sus derechos ante las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA).
Por su parte, desde el oficialismo, la ministra Anticorrupción, Nardy Suxo, señaló que la posición de los ex gobernantes “parece un anticipo de confesión y de culpabilidad”.
“Deberíamos estar ahora celebrando, para que la corrupción no goce de carta de ciudadanía”, sostuvo el senador del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Maldonado, presidente de la comisión de Constitución que impulsó la nueva ley.
El fiscal Peralta está investigando a Terrazas por presuntos manejos irregulares de fondos público. Según documentos que entregó a canales de televisión, la firma del cardenal aparecería en la recepción de unos 15.000 dólares.
Pero la reacción de la jerarquía católica no tardó en llegar. Este martes la Conferencia Episcopal Boliviana publicó en diarios locales un comunicado y señaló que “a nombre del señor cardenal, luego de haber dialogado con su persona, podemos afirmar categóricamente que durante los largos años de su ministerio episcopal nunca él ha recibido dinero de parte de ningún gobierno”.