El pedido de la magistrada se enmarca en la causa “Asoc de Prof del Arte de Curar del Hospital Tobar García contra GCBA sobre amparo (Art. 14 CCABA)”, con sentencia firme, iniciada por un amparo presentado por la Asociación debido a la falta de culminación de obras (que se deberían haber terminado en octubre del 2007), la falta de insumos y nombramientos profesionales.
En la resolución, Liberatori sostiene: “encuentro reunidos, en principio, los motivos suficientes para que la Honorable Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ejercicio de la atribución conferida por el Art. 92 de la Constitución de esta Ciudad, proceda a la destitución del Sr. Ministro de Salud Dr. Jorge Daniel Lemus por incurrir en la causa de mal desempeño en relación a las obligaciones a su cargo que resultan incumplidas”. Y agrega “en todo caso, cumplidas parcial e insatisfactoriamente con relación al Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No es la primera vez que un juez pide la destitución del ministro de salud porteño. Roberto Gallardo, titular del juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, también lo había hecho por desobediencia de fallos judiciales que disponían el envío de una ambulancia a la villa de emergencia 21-24 para prestar asistencia médica.
Días atrás, la comisión de Salud de la Legislatura había citado a Lemus para que de explicaciones y para que escuche los planteos de médicos, trabajadores del sistema y vecinos. En su defensa, el ministro “tiró la pelota” a los gobiernos anteriores, “el problema existe desde antes de que llegáramos al Gobierno, con un retraso de 30 años en infraestructura de los edificios de los hospitales” dijo.
Y al ser requerido sobre expresamente el caso del Hospital Tobar García y sobre medicamentos que podrían no cumplir con los efectos deseados suministrados a pacientes de ese centro de Salud Mental, Lemus contesto que podría existir y que “la denuncia debe ser investigada por la ANMAT”.
El pedido de Liberatori ingresó en la Legislatura mediante un oficio, que se encuentra en la Junta de Etica, quien se debe expedir sobre el tema, recomendando o no la investigación del caso por una comisión investigadora.