De la audiencia participación el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco y los ministros Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni. Durante su exposición, el gobernador de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral expresó que la situación actual afecta “el acceso a un legítimo derecho”. En este sentido remarcó la necesidad de “respetar y hacer respetar la letra escrita de los convenios”.
Esto último, tiene que ver con lo expresado por la provincia en la demanda, ya que consideran que el Estado incumplió en sus deberes con respecto del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional a la Nación, celebrado en 1994. El fiscal de Estado de la provincia, Simón Hernández, explicó que “los problemas amenazan el no reconocimiento del 82% móvil”, que sí reconoce la provincia.
Incluso, los representantes provinciales destacaron que el Gobierno, por un decreto luego ratificado por ley provincial, estableció una asignación mensual equivalente a la movilidad a cargo de la provincia.
En representación del Estado Nacional, el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Walter Arrighi, argumentó que “el régimen nacional tiene por objetivo la sustentabilidad en el tiempo” lo que se logra teniendo “prudencia en los pagos”.
“Si las provincias acuerdan una ley convenio de la que surgen garantías, porqué habrían de hacerlo si después la Nación lo modifica con una ley nacional” sostuvo en forma de pregunta Lorenzetti. El representante del Estado respondió que una vez que se efectivizó la transferencia, “a partir de ahí, se rigió con la legislación nacional”.