“Requerior al Ministerio de Justicia la adopción de las medidas necesarias para que, gradualmente y en un plazo máximo de 360 días, produzca la efectiva adecuación de los niveles ocupacionales de las instalaciones de la Unidad Penal 15”, resolvieron los magistrados.
El Tribunal hizo lugar a un habeas corpusque en septiembre de 2008 presentaron la defensora oficial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, María Fernanda Mestrín, y Horacio Verbitsky, representante legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes hicieron la presentaron a favor de todos los internos del penal pero en particular de aquellos alojados en el pabellón 3, del sector de tránsito, y 7, del sector de aislamiento.
Los camaristas destacaron que el penal de Batán tiene capacidad para 700 internos pero que hay alojados 1.100. Los jueces dieron plazos al Estado bonaerense para reducir la superpoblación y también lo instaron a que “se priorice la disminución de internos provenientes de otras jurisdicciones, que no sólo generan el hacinamiento pericialmente verificado, sino también graves conflictos de convivencia y problemas de seguridad en la cárcel de Batán (UP 15)”.
“A estos fines, se deberá tener especialmente en cuenta la necesidad de preservar el acercamiento familiar previsto en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos como criterio favorecedor de los fines preventivo-especiales de las penas de encierro”, explicaron.
Los jueces también dieron cuenta de las malas condiciones en las que viven los presos sobre desagues cloacales e instalaciones sanitarias; iluminación; prevención de incendios; y calefacción y ventilación.