Los proyectos analizados pertenecen a los diputados María Fernanda Reyes (CC) y el del ex diputado Raúl Solanas. El debate de este martes se centró principalmente en el primero de ellos, que prevé establecer un mecanismo de “cancelación íntegra de la totalidad de las hipotecas, acuerdos o mutuos hipotecarios suscriptos entre los prestatarios y el ex Banco Hipotecario Nacional con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 23.928 de convertibilidad del austral”.
Por su parte, la iniciativa de Solanas reza algo similar aunque a un nivel macro, ya que “aquellos deudores de créditos hipotecarios de vivienda única y permanente que se encuentren en condiciones de proceder a la refinanciación de la deuda en las condiciones y modalidades que establecen las leyes Nº 25.798 y Nº 26.177, serán dados de baja de las listas que figuren en las empresas de prestación de servicios de información crediticia que estén habilitados a funcionar en los términos de la ley Nº 25.326”.
El proyecto de Solanas incluye a los deudores producto de la crisis financiera que sufrió el país en 2001 y 2002. Aunque sobre todo el enfoque del proyecto se da en la protección a los deudores hipotecarios y la obligación de eliminación de la calidad de deudor en las empresas de información crediticia.
Sin embargo, Reyes presentó otro proyecto para que se “declare la nulidad absoluta e insanable del Decreto 2107/2008”, que reglamentó la ley 23.313 y que “establece la necesidad del recalculo de la totalidad de los créditos pre-convertibilidad basándose en lo determinado por los mutuos originarios.
Tal como lo explica la resolución 51/08 de la Defensoría del Pueblo de la Nación ‘lo cierto es que el derecho al recalculo está vigente y la deuda real del adjudicatario no quedará determinada hasta que esté no se efectivice. (...) la norma resulta clara en este sentido: no es opción de la entidad bancaria ni de la autoridad de aplicación; ni siquiera del deudor. Los créditos comprendidos por la ley deben ser recalculados’”.
Eso trajo algún resquemor en la reunión de diputados porque la reglamentación de esa ley fue realizada durante el gobierno de Néstor Kirchner y “quitó” algunos de los beneficios que tenía la ley sancionada entonces por el Congreso.