Las iniciativas fueron presentadas por los diputados Adriana Puiggrós (FpV) y Miguel Bonasso (Dialogo por Buenos Aires). En ambos proyectos se habla de que “el juez podrá otorgar un máximo de veinte (20) meses de anticipación en el otorgamiento de los institutos conforme los logros obtenidos”.
Ello, siempre y cuando, los internos alojados en Unidades Penitenciarias Federales o Provinciales certifiquen el cursado ante el juez competente. Los institutos que se incluyen son: la libertad condicional; libertad asistida; salidas transitorias; salidas transitorias por estudio y semilibertad.
La propuesta incluye condenados o procesados con sentencia condenatoria en primera instancia no firme, ya que “la condena por delito doloso cometido en el curso de la ejecución sucesiva a la concesión de los institutos comportará la revocación de estos”.
La incorporación de los institutos seria de la siguiente manera: un mes por ciclo lectivo anual completo aprobado; dos meses por oficio aprendido, por culminación de estudios primarios y por culminación de estudios secundarios; tres meses por culminación de estudios de nivel terciario y cuatro meses por culminación de estudios universitarios o de posgrado.
Ambas iniciativas son producto de una presentación que hizo en 2008 el ex diputado Emilio García Méndez. Dicho proyecto fue analizado en el 2009 y fue aprobado por la totalidad de los integrantes de la comisión de Legislación Penal. Al perder estado parlamentario, fue presentado nuevamente por estos diputados. El cambio introducido por Puiggros es la referencia a la Ley de Educación Nacional 26.206 que en la primera versión – la de García Méndez - no había sido considerado.