La jornada comenzó con la celebración de una misa realizada por el padre Pepe Di Paola, de la villa 21-24, frente al edificio del STJ, en Cerrito al 760, en apoyo a los jueces. Mientras sonaban los acordes del tema “el cristo de los villeros”, Roberto Gallardo y Elena Liberatori, observaban a un lado del párroco. “Agradecemos a estos doctores de la ley que como buenos samaritanos, intentan solucionar los problemas” dijo Di Paola. Luego los magistrados ingresaron al edificio del TSJ.
Ana María Conde, presidente del TSJ, dio inicio a la audiencia de manera puntual y leyó las particularidades de las causas existentes, “Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes” (expediente 6836/09) y “Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes” (expediente 7046/10).
Por parte del Poder Ejecutivo Juan Martín Alterini, procurador adjunto de la Ciudad, expresó que hubo un “exceso de competencias por parte de la primera instancia” ya que el Poder Judicial “absorbió competencias que el constituyente le confiere a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Y esta aclaración no es menor, porque estamos hablando de instituciones”.
Elena Liberatori, una de las juezas denunciadas por este “exceso” expresó: “No hubo exceso ni invasión, pero sí disciplina, de acuerdo a las deficiencias observadas en el proceso de selección del candidato para el Superior Tribunal”. En el mismo sentido se expresó Guillermo Schleiber: “Aquí no hay invasión de un poder hacia otro, sino un legítimo ejercicio de las atribuciones propias de un juez” dijo, y agregó que “lo que se hizo fue controlar aspectos reglados de un procedimiento administrativo”. Consultado al respecto, el subsecretario de Justicia, Daniel Presti, que estuvo en la audiencia, rechazó cualquier intento de disciplinar a los jueces. "Si lo hicimos nos salió bastante mal", ironizó.
El camarista Horacio Corti concurrió a la audiencia en representación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Allí se expidió de igual modo asegurando que “no hubo ningún ejercicio irregular de la competencia” porque “todos fueron actos procesales previstos por la legislación sancionada por el Poder Legislativo”.
Esto último en clara respuesta a lo que momentos antes había dicho Alfonso Santiago, letrado representante del Poder Legislativo, quien sostuvo que las resoluciones judiciales de estos magistrados “pretendieron impedir las prerrogativas, atribuciones y competencias de la Legislatura porteña. Las facultades que la Constitución le otorga a los jueces de primera instancia han sido ejercidas de modo abusivo y extemporáneo, con exceso de jurisdicción y en forma inoportuna”.
Otro de los jueces señalados por el Ejecutivo, Roberto Gallardo expresó que “al Gobierno de la Ciudad le molesta el control judicial” y advirtió que “los jueces no vamos a ser capataces de ningún patrón de estancia” .“Si hacer cumplir la Constitución es ser indisciplinados, vamos a seguir siendo indisciplinados”, concluyó.
El último en exponer fue el fiscal General porteño Germán Garavano, quien hizo una fuerte defensa del mecanismo institucional que estaba funcionando y resaltó que "la Justicia resuelve los problemas de la Justicia". "No se juzgan jueces, sino que se juzga la competencia de sus decisiones", aclaró. También lamentó verse en la situación de decirle a sus ex colegas que en los tres fallos cuestionados se plantearon requisitos que ni la Constitución de la Ciudad ni el decreto requiere.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia, integrado por José Casas, Ana María Conde, Luis Lozano y Alicia Ruiz deberá dictar sentencia dentro de los 80 días corridos, aunque según fuentes consultadas por este diario la sentencia no será pronto.