Norberto Tavosnanska, del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, autorizó un desalojo en la villa 1.11.14. En la sentencia, dice que el “eventual uso de munición de goma o gas lacrimógeno deberá ser con la distancia suficiente para minimizar los riesgos a la integridad física” y aclaró que “el uso de munición letal será solo utilizado en último recurso”. FALLO COMPLETO
El juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires Norberto Tavosnanska consideró “impostergable” la realización de un allanamiento de 112 departamentos ubicados en un complejo de viviendas dentro de villa 1.11.14.
Para llevar a cabo el operativo, el juez Tavosnanska sostuvo que el “eventual uso de munición de goma o gas lacrimógeno deberá ser con la distancia suficiente para minimizar los riesgos a la integridad física” y añadió que “el uso de munición letal será solo utilizado en último recurso”.
El magistrado porteño dijo que “la munición de plomo estará segregada de la posta de goma” aunque pidió que se respeten “los Derechos Humanos por parte del personal Policial” y solicitó especial “protección a los grupos vulnerables como niños, mujeres, ancianos o enfermos”.
En un comunicado, la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó su “profunda preocupación” por el fallo del juez Tavosnanska.
“La gravedad de que un magistrado de la Ciudad Autónoma contemple la posibilidad de la utilización de ‘munición letal’ contra población civil indefensa, obliga a la Defensoría General de la Ciudad a prevenir sobre los hechos de violencia que pudieran suscitarse, denunciar la eventualidad de que se produzcan víctimas entre la población agredida, y a repudiar la resolución, por atentar contra los Derechos y Garantías básicas acordadas por el ordenamiento legal vigente”, expresó el organismo a cargo de Mario Kestelboim.
Según el fallo del juez Tavosnanska, el 30 de octubre del año pasado entre 100 y 150 personas “no identificadas” rompieron los alambrados del cerco perimetral para ingresar al predio del Instituto de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el que se estaban a punto de terminar unas 112 viviendas, ubicadas en la villa 1.11.14.
El juez porteño Tavosnanska señaló que con el desalojo se trató “de proteger el derecho constitucional de propiedad, en este caso de sectores carenciados, que habrían realizado los tramites ante el estado de la ciudad, para ser adjudicatarios de las viviendas (…), en principio pertenecientes al mismo sector social que los actuales ocupantes quienes, pese a poseer igual necesidad, no optaron por las vías legales (…)”.
La sentencia del juez Tavosnanska fue confirmada por la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas. La defensora apeló mediante un recurso de inconstitucionalidad que aún no fue resuelto. Si éste fuera denegado, el Defensor General estaría en condiciones de interponer un recurso de queja que debería ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia.