"El pecado de Garzón fue interpretar de manera arriesgada y minoritaria las leyes"

“La mayoría del Tribunal Superior piensa que Baltasar Garzón es un obstáculo para un Poder Judicial como Dios manda”, afirmó el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia General de Cataluña José María Mena Álvarez, quien disertó este lunes en la Facultad de Derecho de la UBA sobre la situación del suspendido magistrado español.

En la conferencia sobre “el caso Garzón y la estructura del Poder Judicial en España”, que tuvo lugar en el Salón Rojo, Mena Álvarez encabezó una férrea defensa del magistrado al sostener que “se puede discrepar con Garzón pero esa discrepancia no puede convertirse en criminalización ni en eliminación de una figura” como la del suspendido juez, quien actualmente se encuentra en La Haya trabajando en la Corte Penal Internacional.

El catedrático postuló que la caída del franquismo en España se dio por el agotamiento de la dictadura y que la transición hacia la democracia fue acompañada por las leyes de amnistía de 1977. Señaló que desde ese momento predominó en la mayoría de los jueces la “sacralización del espíritu de transición” que fue lo que llevó al juzgamiento de Garzón.

En ese sentido, desmintió que el juzgamiento de Garzón fuera “obra del franquismo”. Para reforzar esa idea, el ex fiscal apuntó que Luciano Varela –el magistrado del Tribunal Superior que suspendió a Garzón y lo envió a juicio oral- tiene la misma edad que él aunque luego resaltó la “hostilidad personal” de Varela con Garzón.

Mena Álvarez consideró que “el pecado de Garzón fue interpretar de manera arriesgada y minoritaria las leyes” y enfatizó que nunca se procesó a un juez por la interpretación que hizo de las leyes.

El hombre, que fue fundador de la Unión Progresista de Fiscales en su país, aclaró que no es amigo de Garzón, y recordó que el proceso judicial se inició porque el magistrado se declaró competente, en octubre de 2008, para investigar las desapariciones durante el franquismo a raíz de una denuncia de familiares presentada en 2005. Ya en ese momento Garzón había cobrado notoriedad al promover una orden de captura contra Augusto Pinochet por la desaparición de ciudadanos españoles en Chile durante la dictadura.

En noviembre de 2008, Garzón se inhibió a favor de los juzgados territoriales donde están ubicadas las fosas y el 28 de ese mes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, declaró la incompetencia de Garzón. Luego, el Tribunal Supremo admitió una querella contra Garzón, acusado por el delito de prevaricato.

Esas denuncias estuvieron a cargo del “colectivo minoritario” Manos Limpias –al cual Mena Álvarez definió como “gangsters”- y del partido Falange española, fundado por el fallecido dictador Francisco Franco.

Mena Álvarez subrayó que si bien en 1977 se dictó la ley de amnistía, la Constitución de 1978 estableció la vigencia del derecho internacional y, en ese sentido, la admisión de los “organismos judiciales” de las querellas contra Garzón implica una “ignorancia que es inadmisible”.

Pese a la situación de Garzón, Mena Álvarez postuló que “todavía es necesario tener tesón para abrir” los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, pero aseguró que en España persiste la idea de que “de eso no se habla” y añadió que a la mayoría de los jóvenes les da igual que se hagan o no esos juicios.

En relación con las perspectivas a futuro, Mena Álvarez consideró que “no son halagüeñas” aunque dijo ser optimista respecto del “silencio de algunos de los magistrados” que deberán juzgarlo. Dijo que el viaje de Garzón a La Haya (Holanda) lo dejó como “el último exiliado” y luego se refirió a José Luis Rodríguez Zapatero como un “personaje” que da “medio paso adelante y medio atrás”.

“Pienso que [Garzón] no sólo hizo lo correcto sino lo deseable”, concluyó Mena Álvarez.

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