En sintonía con el discurso que dio el miércoles por la noche el diputado K Alejandro Rossi en la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia Julio Alak afirmó este viernes que la propuesta de reforma al Consejo de la Magistratura que obtuvo media sanción en la madrugada del jueves “aumenta la representación de las corporaciones de jueces y abogados”. Alak sostuvo que, con esta propuesta, que ahora deberá ser tratada por el Senado, los magistrados y los letrados “adquieren predominancia por sobre la voluntad popular, expresada por los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, que son los únicos electos por el voto de los ciudadanos”. El ministro de Justicia aseguró que con “el falso argumento de que la actual composición le otorga poder de veto al oficialismo”, la oposición promueve una reforma “retrógrada” y enfatizó que la incorporación de cinco miembros más al Consejo “lo único que logrará es aumentar la burocracia en el organismo”.
El Gobierno puede ser querellante por los cortes en Gualeguaychú
El juzgado federal de Concepción del Uruguay aceptó al Estado Nacional como parte querellante en la causa que lleva adelante por el corte de la ruta 136 y el puente internacional General San Martín. Sin embargo, no hizo lugar al pedido para que se cite a indagatoria a 10 asambleistas acusados de una serie de delitos como consecuencia del corte del puente que une nuestro país con Uruguay (Gualeguaychú - Fray Bentos). Gustavo Pimentel, quien se encuentra subrogando ese juzgado, consideró que “el pretenso querellante ha incorporado una multiplicidad de valoraciones jurídicas carentes de correspondencia con otros episodios fácticos sobre los que pudieran actualmente recaer; constituyendo asimismo objeto de sustanciación en otra causa, la investigación de la muerte de Walter Alejandro Malucci”. Para el juez, “si se tiene en cuenta entonces, durante el tiempo que mediara el ‘corte de ruta’, el contexto social imperante, la ausente actividad prevencional, la opinión jurídica de la representación estatal ante organismos internacionales y la declaración legisferante de esta provincia, es evidente que en la subjetividad de todos aquellos que llevaran adelante la medida de fuerza no existían razones sensatas para suponer el carácter prohibido de su hecho”. Los asambleistas están acusados de homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, otros atentados al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, atentados al orden constitucional y a la vida democrática, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento.
Videla debe esperar para hablar
Después de casi 25 años, el dictador Jorge Rafael Videla volvió a sentarse este viernes en el banquillo de los acusados en un juicio por crímenes de lesa humanidad, donde intentó infructuosamente hablar ante el tribunal que sustancia el proceso. Videla, uno de los 31 imputados en este juicio por asesinatos y torturas de los que fueron víctimas presos políticos, podrá dirigirse a los jueces recién tras el final de la lectura de la acusación, la semana próxima. El ex presidente de facto, sentado junto al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Menéndez -ya condenado a perpetua en otros juicios y con quien estuvo enfrentado durante el régimen de facto- hizo señas al presidente del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, Jaime Díaz Gavier, para intervenir cuando se describía el funcionamiento del esquema represivo en esta provincia.