Es lo que se encuentra previsto en el anteproyecto que se analizará en el próximo plenario del Consejo de la Magistratura. El texto, al que tuvo acceso DiarioJudicial.com, aumenta considerablemente el presupuesto a más de 4 mil millones de pesos. Se incluyen tribunales creados y no habilitados, la compra de inmuebles en Buenos Aires y la ejecución de un plan de obras entre las que se destaca la adecuación integral del ex Hospital Aeronáutico (Polo Retiro).
El próximo 12 de agosto está previsto que el Plenario del Consejo de la Magistratura analice el presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2011. DiarioJudicial.com accedió al texto del anteproyecto en el que prevé solicitar casi 1400 millones de pesos más para asegurar “el normal desenvolvimiento de la función judicial”.
Para el presupuesto del 2010, el Consejo había solicitado cerca de 3.500 millones de pesos. Sin embargo, al sancionarse el presupuesto en el Congreso de la Nación, le fue otorgado poco más de 2.677 millones. Ahora, el gasto total previsto por el organismo asciende exactamente a 4.068.720.317 pesos.
El presupuesto contempla al personal de los tribunales creados y no habilitados, cuyos concursos todavía están pendientes de resolución en el Consejo. Entre ellos se incluyen, entre otros, los juzgados federales de Mendoza Nº 4, de Moreno (Buenos Aires) y las integraciones de la Oficina Judicial para las cámaras con competencia Penal de Capital e Interior y la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Así como los cargos que incluyen a la estructura funcional de la Escuela Judicial y el incremento de la planta de personal de diversos fueros. Para todo ello, se estima un monto cercano a los 3.500 millones de pesos, todo ello encuadrado en “gastos de personal”.
Por otra parte, se intenta encarar un programa de inversiones en obras de infraestructura para el mantenimiento de edificios de tres años. Programa que establece un gasto progresivo: en el 2011, más de 33 millones de pesos; en el 2012, 63 millones de pesos y en el 2013 casi 25 millones. Esto incluye, por ejemplo, la restauración de la Cámara Federal de Rosario y de la fachada del edificio de la Cámara de Tucumán, entro otros.
Cabe recordar que se presume que durante el próximo ejercicio de presupuesto se estima la utilización de más de 27 millones de pesos en concepto de alquileres de edificios y locales. Aunque el presupuesto también se consigna la adquisición del edificio de Repsol-YPF (ubicado en Diagonal Norte y Esmeralda) y la expropiación de un inmueble para los tribunales de San Martín, por ejemplo. Para todo ello se consignaron cerca de 106 millones.
Otro punto en el que desde el Poder Judicial en los últimos tiempos se ha hacha mucho hincapié es la necesidad de la informatización. En este sentido, el presupuesto se enmarca dentro de las “Bases para la informatización del Poder Judicial de la Nación”. Por tal motivo se destinaran más de 25 millones para la adquisición de equipamiento informático, 500 mil para programas de computación y 1 millón setecientos mil pesos en equipamiento para comunicaciones.
Siguiendo la línea de las obras de mantenimiento, se incluye las obras que comprende la “rehabilitación de la infraestructura existente”. Tal es así que se menciona como una de las obras “sobresalientes”, la “adecuación integral del ex Hospital Aeronáutico”, cuyo concurso de anteproyectos se inicio el pasado 16 de julio.
En cuanto a publicidad y propaganda se destinara 2.750.000 pesos, lo que incluye, entre otras cosas, los avisos para seleccionar postulantes en los dos diarios de mayor tirada nacional (Clarín y La Nación) mas de 835 mil peso, y los avisos por llamados a licitaciones publicas en (Clarín, La Nación y Pagina 12), mas de 1 millón trescientos mil pesos. Asimismo para el Consejo de la Magistratura, se prevé un gasto en concepto de viáticos y viajes del orden de los 800 mil pesos.
Tal y como se consigna en el texto realizado por la Oficina de Administración y Financiera, el Presupuesto fue elaborado “teniendo en cuenta los requerimientos de distintos tribunales del país y deriva de una evaluación pormenorizada de las necesidades del Poder Judicial”. Y se agrega: “Todo el gasto será financiado con los recursos afectados del Poder Judicial que regularmente percibe correspondiente al 2,93% de los ingresos tributarios y no tributarios que recibe la Administración Central.
Luego de ser tratado y oportunamente aprobado, con o sin modificaciones, el transito del presupuesto recae en la Corte Suprema, a donde es enviado. Allí, se sumará al propio cálculo que realice el Máximo Tribunal en cuanto a sus gastos y recursos necesarios, y todo ello luego es enviado al Gobierno para que elabore el presupuesto total y envíe el proyecto del mismo al Congreso de la Nación para su tratamiento.