Sergio Leavy, había sido destituido por mayoría por el Consejo Deliberante de Tartagal acusado de malversación de fondos y de no haber informado sobre la distribución de la ayuda económica que recibió tras el alud que sufrió la localidad en febrero del 2009. El intendente apeló la medida ante la Corte provincial que le dio la razón y declaró la nulidad de la destitución por “vicios e irregularidades”.
La Corte de Justicia de Salta hizo lugar a la apelación presentada por el intendente de Tartagal, Sergio Napoleón Leavy, y declaró la nulidad de la destitución dispuesta por el Consejo Deliberante de la cuidad el año pasado, donde fue acusado de malversación de fondos y de no haber informado sobre la distribución de la ayuda económica que recibió tras el alud que sufrió la localidad a comienzos del 2009.
En su momento, mediante la resolución 14/09 el Consejo Deliberante destituyo a Leavy por “mal desempeño en el ejercicio de su cargo”. Para los concejales se encontraba acreditado que las decisiones que tomo en el marco de la emergencia sanitaria producto del alud acaecido en la zona “carecían de respaldo legal”.
Además, en la resolución que lo destituyó, se consignaba que el intendente incurrió en “abuso de autoridad por ordenar la suspensión de la obra pública mediante la emisión de actos viciados en su causa, objeto y finalidad; violación a la ley de contrataciones de la Provincia por la contratación irregular de maquinarias para suplir la emergencia en el basural; fraude contra la administración pública municipal; emisión de órdenes de pago y cheques a favor del señor Martín Almaraz, en virtud de la referida contratación irregular, y obtención ilegal de fondos del erario público municipal para la compra de un terreno a nombre de su esposa y su cuñado, entre otras causales”.
Sin embargo, la Corte hizo lugar a la apelación del intendente y declaró la nulidad de la destitución por “vicios e irregularidades”. La conclusión a la que arribaron los ministros se contextualizo en corroborar “si el intendente pudo, efectivamente, ejercer su derecho de defensa en el marco de un debido proceso”.
Lo que comprobaron, es que surgieron “innumerables anomalías procedimentales, tales como la comparecencia del testigo Almaraz a la Comisión Investigadora sin previa citación y con asistencia letrada, y permanentes rechazos a las peticiones formuladas por el representante del intendente”. “Al haber actuado de ese modo el Concejo Deliberante”, explican los jueces, y “en el ejercicio de una de las más delicadas funciones que le competen, cual es el enjuiciamiento y la destitución del intendente, le impidió a éste la oportunidad de producir la prueba precedentemente señalada, privándolo de la garantía constitucional de la defensa en juicio”. Lo que llevó a los magistrados a declarar la nulidad de la resolución ya que “en el procedimiento de destitución llevado a cabo en el ámbito municipal no se ha permitido al intendente efectuar su defensa, vicia en forma absoluta la decisión atacada”.
Aunque aclararon que “no puede dejar de advertirse la posibilidad de comisión de delitos comunes supuestamente ejecutados en ejercicio de la función pública, lo que diera lugar a la correspondiente promoción de acción penal, en trámite por ante el Juzgado de Instrucción Formal 2ª Nominación del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal”.
Con respecto a ello en medios de la provincia, Sergio Heredia, abogado querellante en las causas penales contra Leavy; anticipó que la próxima semana denunciará ante la justicia al Gobernador, por considerarlo cómplice del intendente. Asimismo detalló que varias de las denuncias existentes -tales como el presunto pago de sobre precios para la construcción de un Centro Integrador Comunitario; la explotación de madera en un lote fiscal en la comunidad de Yacuy, con maquinaria municipal; y el presunto robo de donaciones que llegaron de distintos sectores cuando un alud arrasó con la ciudad- todavía se encuentran pendientes de que se expida el fiscal interviniente.