La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la mayoría son mujeres pobres, indígenas o afrodescendientes. El órgano llamó a “eliminar las barreras que pueden limitar el acceso a los servicios de salud materna” y pidió a los médicos que den información para que las mujeres “puedan adoptar decisiones libres, fundamentadas y responsables en materia de reproducción”.
En América latina, el índice de mortalidad materna alcanza un total de 22.680 fallecimientos por año. Ese dato surge del informe sobre “Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos” dado a conocer este lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tomó como base un documento de la Organización Panamericana de la Salud.
El documento enfatiza que “las causas principales de muerte materna en los países de la región son prevenibles y coincidentes: preeclampsia, hemorragia y aborto, variando el orden según la razón de mortalidad materna y las coberturas de atención prenatal, parto y prevalencia de uso de anticoncepción”.
La CIDH advirtió que “un número desproporcionadamente elevado de mujeres pobres, indígenas y/o afrodescendientes, que en su mayoría residen en zonas rurales, son quienes con mayor frecuencia no disfrutan plenamente de sus derechos humanos respecto de la salud materna”.
En ese sentido, el órgano integrado por Felipe González, Paulo Sérgio Pinheiro, Dinah Shelton, Luz Patricia Mejía Guerrero, María Silvia Guillén, José de Jesús Orozco Henríquez y Rodrigo Escobar Gil, llamó a “eliminar las barreras que pueden limitar a las mujeres el acceso a los servicios de salud materna, como por ejemplo los costos por honorarios, la lejanía de los centros de salud y la falta de transporte público adecuado y asequible”.
El documento instó a los Estados parte a asegurar que todas las mujeres, y especialmente las que fueron “históricamente marginadas” gocen “de un acceso efectivo a una atención adecuada a la salud durante el embarazo, el parto y el período inmediatamente posterior”.
La CIDH observó que “las barreras que limitan a las mujeres el acceso” a los servicios “están relacionadas con factores estructurales de los servicios de salud, con leyes y políticas que regulan estos servicios, así como con prácticas, actitudes y estereotipos, tanto al interior de la familia y la comunidad así como del personal que trabaja en los establecimientos de salud”.
Así, recomendó “la incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de las leyes y las políticas públicas que les afectan”.
En el capítulo de las recomendaciones, la CIDH pidió “asegurar que las y los profesionales de la salud informen a las mujeres sobre su salud para que éstas puedan adoptar decisiones libres, fundamentadas y responsables en materia de reproducción” y que “la perspectiva de género se encuentre incorporada en todos los planes, políticas y programas relacionados con la protección y el acceso a la salud materna”.