Funcionarios judiciales y gubernamentales expusieron sus opiniones sobre los proyectos vinculados con la trata de personas y explotación sexual en la Cámara de Diputados. Se discutieron los conceptos de consentimiento, confiscaciones (decomiso) y la resocialización de las víctimas.
Un plenario de comisiones se reunió este jueves para deliberar, junto a invitados especiales, funcionarios o representantes de distintas instituciones, sobre los proyectos existentes de trata de personas y su explotación sexual.
Los ejes de las exposiciones de los asistentes fueron tres: consentimiento, confiscaciones (decomiso) y la resocialización de las víctimas. A tal fin, la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia participaron a Héctor Masquelet, secretario de Justicia del Ministerio de Justicia; el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas; Marcela Martínez, secretaria general de la Fiscalía General de Córdoba; Guadalupe Tagliaferri, titular de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires; y Lucia Alberti, presidente de la Asociación Nacional Pro Naciones Unidas.
Quien comenzó con los discursos fue Héctor Masquelet, quien dijo: "Uno de los temas más debatidos en la actualidad es el del ´consentimiento de la víctima´. Se ve desde el Ejecutivo la necesidad de replantear el consentimiento y también la visualización y penalización del cliente o usuario. Entendemos que existe un plano simbólico donde se ve el tema del consentimiento de la explotación y otro en el significado que tiene en el plano de lo judicial".
"Al momento de dictar sentencia en los casos sobre trata, el tema del consentimiento es irrelevante porque los tribunales siempre entendieron que las víctimas estaban en una situación de vulnerabilidad, por lo que el consentimiento estaba viciado, pero si podemos advertir que el problema está presente en algunas sentencias previas, donde algunos jueces no consideraron trata al ver que la persona sí había consentido. Estamos de acuerdo que el consentimiento debe ser eliminado en la lógica de la redacción anterior. Parecería que cuando uno busca tutelar los derechos de los mayores tiende a complejizar las agravantes en torno a los menores", polemizó el secretario de Justicia.
Por último, el funcionario sugirió modificar las penas a aplicar y luego lanzó que las actuales leyes en materia criminal son un "remiendo de Código Penal". "Esto puede llevar a que lo sancionado sea cuestionado por inconstitucional", lanzó Masquelet.
En tanto, el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, remarcó la importancia de establecer claramente en el proyecto el problema de la competencia jurídica. "Se debe atacar el problema por el lado del castigo penal, pero también por la cuestión patrimonial. Cree que una reforma de trata debe ser muy clara respecto de qué modelo tomará y de la imposibilidad de que existan estos lugares para poder exigir la inconstitucionalidad", afirmó el fiscal.
Por su parte, Marcela Martínez, secretaria de la Fiscalía General de Córdoba, declaró: "La ley también debería contemplar el tema de la competencia pero hoy sabemos que el gran problema para hacer las investigaciones se produce en cuanto a si la investigación es sobre un crimen de trata o una desaparición en cuanto lo federal. Si tenemos en claro quién debe actuar, a quien le corresponde, puede ser una solución. Las primeras horas son importantísimas".
Sobre la cuestión del decomiso se mostró de acuerdo, y propuso que todo lo proveniente de las casas de estupefacientes sea invertido en la lucha contra el narcotráfico. "También deberíamos pensar en algún tipo de indemnización a las victimas. Sería bueno que parte de ese decomiso de los bienes fueran para ellas", añadió la funcionaria judicial.
Ante lo expuesto, la diputada del peronismo federal Natalia Gambaro, preguntó a los expositores sobre cuál es el grado para medir la "vulnerabilidad" y que si estaba relacionado con el nivel socio-económico. Masquelet respondió que una captura de una persona "apunta al engaño" y no al "secuestro compulsivo". Agregó además que se habían tenido en cuenta los conceptos de vulnerabilidad establecidos en el Protocolo de Brasilia. En este sentido también opinó el fiscal Colombo, quien se animó a definir el concepto como la "imposibilidad de poseer los medios para oponerse".
Luego llegó el turno de Lucía Alberti, presidente de la Asociación Nacional Pro Naciones Unidas. "Debe haber más énfasis en el tema de los menores, que debe atenderse la situación de aquellas personas menores de 18 y menores de 13 y que no es lo mismo", propuso la directora de ANUA. Sugirió además no olvidar el tema de los delitos por internet, la captación de niños y la pornografía infantil.
Otra de las exposiciones más notables de la reunión fue la que brindó el Defensor del Pueblo de la Ciudad, Mario Ganora quien luego de recordar que no se debe dejar de tener en cuenta el Pacto de San José de Costa Rico, citó artículos del Código Penal. Finalmente criticó: "En nuestras leyes están más protegidas las cabezas de ganado que las personas, las penas son mayores si lo captado es una vaca".
Tras la reunión que mantendrán los asesores de ambas comisiones, se propondrá un dictamen final para ser elevado a sesión.