Abel Cornejo, juez de la Corte de esa provincia, denunció al magistrado federal salteño Miguel Medina por no excusarse de investigar una denuncia anónima que señalaba que se había quedado con dinero de una causa por narcotráfico para comprar una casa para sus hijos. “Él no puede ser juez en ninguna causa contra mí”, aseguró Cornejo.
El juez de la Corte de Salta Abel Cornejo se presentó ante el Consejo de la Magistratura en el marco de una denuncia que le inició al juez federal de esa provincia, Miguel Medina. En su descargo, aseguró que era “inocente” de la acusación que señalaba que se había quedado con 99 mil dólares provenientes de un secuestro realizado en una causa por narcotráfico y que, con este dinero, habría comprado una casa para sus hijos.
La denuncia anónima que cuestionaba a Cornejo quedó radicada en el juzgado federal Nº 2 (a cargo del juez Miguel Medina) y fue difundida en distintos medios de prensa. Cornejo dijo que esa publicación fue para perjudicarlo ya que, cuando salió en los periódicos, él aún no había sido notificado ni había tenido participación en el trámite. Añadió que recibió la notificación “mucho tiempo después”.
Cornejo, que fue propuesto para integrar la Corte de Salta por el gobernador Juan Manuel Urtubey, dijo que desde 2001 tiene una “absoluta enemistad con el juez Medina”. Resaltó además que la denuncia tomó estado público cuando estaba de licencia de su cargo como juez mientras se realizaba el proceso que culminaría con su designación ante el máximo tribunal provincial.
En su descargo, Cornejo afirmó que los 99 mil dólares habían sido secuestrados en 1993 pero antes del 16 de noviembre de aquel año, día que fue nombrado juez federal. Relató que en un semanario local se lo caricaturizó y se dijo que con ese dinero había comprado una casa para sus hijos pero, ante los consejeros, señaló que esa casa fue donada por su ex suegra.
El juez de la Corte de Salta se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque sostuvo que se violaron sus garantías constitucionales al no respetarse el debido proceso legal ni el derecho a ser investigado por un juez imparcial, en referencia al Medina. La CIDH decidió abrir un sumario para analizar la responsabilidad del Estado argentino.
“Él no puede ser juez en ninguna causa contra mí”, consideró Cornejo, que comentó que en un reportaje concedido a un medio de Salta, Medina aseguró que todas las causas contra él las inició Cornejo.
A principios de este año, el juez Medina zafó de la apertura de un proceso en su contra. El magistrado estaba señalado por su amistad y relación societaria con el abogado Raymundo Sosa (denunciado por la Conadep), por el resultado de la auditoria ordenada sobre su juzgado (a la que calificó como una “excursión de pesca”); y por su “desempeño institucional” durante la década del ’70.
También se le cuestionó su actuación en la causa por la desaparición, durante la última dictadura, del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, su accionar en la causa por la masacre de Palomitas y sus “valores republicanos”. A favor del inicio del jury votaron en febrero de este año los consejeros Diana Conti, Carlos Kunkel, Nicolás Fernández, Héctor Masquelet y Mariano Candioti. Pero cuando el tema fue tratado en el plenario, la suerte de Medina se revirtió y sólo fue sancionado.