El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Ricardo Casal, invitado a un plenario de comsiones en el Senado, dio el visto bueno al proyecto que busca prohibir la actividad de los desarmaderos y denunció que en el país "se roba el 10% de los vehículos existentes". Además, se avanzó en el tratamiento del proyecto para crear el Servicio Cívico Voluntario.
Las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Seguridad Interior de la Cámara de Senadores comenzaron a tratar un proyecto de ley presentado por el jefe de la bancada oficialista Miguel Pichetto para clausurar los desarmaderos. La iniciativa además prevé prohibir la comercialización, transporte y almacenamiento de autopartes y repuestos usados de automotores para su posterior venta en todo el país.
El objetivo es disponer la clausura definitiva de "todos los locales, depósitos, galpones y cualquier otro lugar que funcione como desarmadero de automotores", a excepción de "aquellas plantas de desguace, debidamente habilitadas, cuya actividad principal se encuentre dirigida al reciclado de los mismos como materia prima para el abastecimiento de la industria metalúrgica”. Además, impone duras penas ya que castiga con prisión de 4 a 12 años a quien viole la norma, y con 1 a 4 años a todo aquel que compre autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores.
Uno de los invitados a participar del plenario fue el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Ricardo Casal, quien respaldó el proyecto: "Ayudará a disuadir los delitos por encargo como el hurto y robo de automotores. Sólo en Capital y provincia de Buenos Aires se roba el 10 por ciento de los 700 mil vehículos que produce anualmente la industria nacional".
“Es un gran negocio dividido en tres partes: los robos de automóviles para desguace, para la falsificación de documentos mellizos o bien para su exportación ilegal a países limítrofes, en el caso de autos de alta gama”, sostuvo el funcionario provincial. Además, afirmó que “los autopartistas aseguran que no existe repuesto que no se consiga en el mercado lícito por lo que no podemos permitir la venta de autopartes que, seguro, están sucias con sangre de inocentes”.
Con respecto a las estadísticas informó que los hurtos en la provincia superan los 20 mil por año, mientras que los robos de automotores alcanzan los 7700 aproximadamente. En relación con el número de víctimas por estos delitos, explicó entre 2005 a 2009 morían un promedio de 22 a 23 personas por año. En el primer semestre de 2010 se registraron 5 muertes, resaltó el ministro.
Otro de los exponentes en la reunión conjunta fue el ex ministro de Seguridad León Arslanián quien puso algunos reparos al proyecto, al que calificó de “radical”. En tal sentido, advirtió que si bien prohíbe una categoría de desarmaderos, permite otros dos tipos: las plantas de desguace con la finalidad de reciclaje de autopartes, lo que puede llevar a la formación de un “mercado negro”, y “desarmaderos en ciernes como aquellos lugares donde van a parar los automotores de desguace y los provenientes de remates”. Además, cuestionó el tipo penal creado “porque no hay una afectación de un bien jurídico determinado”.
Por su parte, el autor del proyecto Miguel Pichetto (FPV-Río Negro) sostuvo que “los desarmaderos son uno de los grandes inventos argentinos, en los países desarrollados los autos van a parar a las compactadoras”. Además, agregó: “El espíritu es cómo terminamos con esta actividad ilícita que lesiona la industria nacional de los autopartistas que generan trabajo en blanco”. Criticó la “hipocresía de los que se quejan de la inseguridad y después van a comprar a la calle Libertad, o a los negocios de la avenida Warnes”.
A todo esto, la presidenta de la Comisión de Justicia, Sonia Escudero (Peronismo Federal), comentó que “en la provincia de Salta son frecuentes los operativos de secuestros de autos de alta gama que son intercambiados por droga en la frontera con Bolivia”, por lo que respaldó la sugerencia del ministro Casal de avanzar en la firma de protocolos de colaboración con los países del Mercosur para evitar los casos de contrabando de vehículos de lujo.
El coordinador del Registro Único de Desarmaderos, Roberto Lagunas explicó el funcionamiento del organismo, que sólo tiene competencia de tipo registral, sin capacidad para realizar tareas de fiscalización o control. El tema seguirá discutiéndose la semana próxima con el aporte de constitucionalistas y especialistas en derecho penal.
Servicio Cívico Voluntario. El plenario cerró el encuentro con el tratamiento de cuatro proyectos que proponen la creación de un programa para la contención y capacitación de jóvenes en situación de riesgo social, denominado “Servicio Cívico Voluntario”. En líneas generales, se propone crear un programa de capacitación en oficios para los miles de niños y jóvenes que en la Argentina no estudian ni trabajan, aprovechando la capacidad ociosa existente en las instalaciones que las Fuerzas Amadas.
Se escucharon las opiniones del rector de la Universidad de La Matanza, Daniel Martínez y del Secretario de Gestión Universitaria de la Universidad de Tres de Febrero, Raúl Sánchez Antelo. Por segunda vez consecutiva no asistió ningún funcionario de los Ministerios de Educación y de Trabajo de la Nación. Ambos académicos resaltaron los beneficios de implementar un programa de tales características ya que “muchos jóvenes en edad de riesgo no tienen posibilidades de formarse en otro lugar” y “las universidades tienen una capacidad limitada para formar en oficios”, explicó Martínez.