El Consejo que nuclea a Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales señaló que “la independencia de las Instituciones involucradas en la administración de Justicia requiere de actos concretos de sus integrantes”. Asimismo, volvieron a solicitar una Policía judicial.
En lo que se conoce como la Declaración de Potrero de los Funes, el Consejo Federal de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina sostuvo que “la independencia de las Instituciones involucradas en la administración de Justicia requiere de actos concretos de sus integrantes” y “especialmente de sus cabezas en cuanto en ellas se reconoce constitucionalmente el imperio necesario para mantener su inviolabilidad frente a los otros Poderes del Estado”. Estas declaraciones del Consejo de dieron en el marco de las XXIII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos de la República Argentina realizadas en la provincia de San Luis.
Allí tambien se volvió a reclamar por una policía judicial. “Es condición básica para transitar seria y exitosamente el camino hacia el establecimiento del sistema acusatorio que se otorgue al Ministerio Público Fiscal la potestad de conducir la investigación del delito, dotándolo de una Policía Judicial (que en el derecho y en los hechos responda a su autoridad)” consigna el texto de la declaración.
Ya que “no resulta conveniente a la salud del sistema republicano, que el Ministerio Público Fiscal, intra o extra Poder, deba acudir al auxilio del Poder Ejecutivo para investigar los hechos ilícitos”.
“La garantía del debido proceso legal que conlleva el ejercicio de una defensa plena y de calidad del justiciable, debe ser percibida, asimilada y respetada por los miembros de la Sociedad como herramienta sólida e insoslayable para procurar Justicia, signo de madurez y convivencia en el marco de un Estado de Derecho”, agregaron.
También se dejó entrever el descontento por algunas críticas recibidas a la tarea de los defensores en el último tiempo. La declaración consigna: “Este Consejo invita a la reflexión y repudia todo juicio descalificante o denostante de la tarea de la Defensa Pública en todos los procesos, cualquiera fuera la naturaleza del delito, en los que por mandato constitucional deban representar los intereses de los imputados”.
Aclarando que “en cumplimiento del cabal ejercicio de la Defensa del que es acreedor todo habitante de nuestra República, debe fortalecerse la estructura de la Defensa Pública Pupilar y Tutelar, asegurando el equilibrio y la igualdad de armas”. “El Ministerio Público de la República Argentina advierte con preocupación la escalada de violencia institucional so pretexto de represión del delito. No existe causa que justifique la violación de garantías constitucionales y menos aún la pérdida de vidas humanas”, concluyeron.