Estela Loyola había interpuesto una acción de amparo contra el Estado, hace poco más de un año, con el que obtuvo una pensión por discapacidad y el acceso al tratamiento que necesitaba, dado que está afectada por un cuadro de cuadriparexia múltiple y de esclerosis múltiple.
Dado que en las últimas semanas la asistencia médica le fue interrumpida, la mujer tuvo que presentar otro amparo con el fin de acceder nuevamente a la prestación.
Al respecto, el magistrado le indicó al Estado que debía cumplir con la medida cautelar que fuera dispuesta en su momento y remarcó que, de no hacerlo, se consideraría al funcionario responsable incurso en el delito de “desobediencia".