La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a la Corte el caso de la jueza chilena Katen Atala. La magistrada, que es lesbiana, demandó al Estado porque en 2004, la Corte de ese país se negó a otorgarle la tenencia de sus hijas al valorar su condición sexual.
Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá dictar sentenciar en un caso de discriminación por orientación sexual. En la causa, que fue admitida en 2008, el Estado chileno fue demandado por una sentencia dictada por la Corte de ese país que le negó a una mujer, que además es jueza, la tenencia de sus hijas por ser lesbiana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó el viernes último a la Corte, con sede en Washington, una demanda que, según se informó, “se relaciona con el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que experimentó” la jueza chilena Karen Atala “debido a su orientación sexual”.
En el informe de fondo, emitido el año pasado, la CIDH concluyó que “el Estado de Chile era responsable por la discriminación contra Karen Atala en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas”.
Agregó que “el caso también se relaciona con la inobservancia del interés superior de sus hijas, cuya custodia y cuidado la [CIDH] consideró que fueron determinados en violación de sus derechos”.
La decisión de la jueza Atala de demandar al Estado chileno en tribunales internacionales se dio tras el fallo de la Corte Suprema de ese país, que, en 2004, decidió entregar la custodia de las menores al padre al argumentar que la relación de la magistrada con su pareja podía tener efectos en el “desarrollo físico y emocional de las niñas”.
Antes, la Corte de Temuco se había pronunciado a favor de Atala y le había concedido la tenencia de las menores, al estimar que su condición sexual no la inhabilitaba para cumplir el rol materno.
En 2008, la CIDH admitió el proceso y un informe de abril de este año concluyó que la jueza Atala “no fue escuchada con las debidas garantías en el proceso de custodia de sus hijas, en particular, no contó con la garantía de imparcialidad y, en suma, le fue negado el acceso efectivo a la justicia”.
Ese informe realizó una serie de recomendaciones al Estado chileno para que impulsara cambios legislativos y políticas públicas en ese sentido. Una de las sugerencias era que se formara una mesa de trabajo entre todos los poderes del Estado, pero la Corte Suprema se negó a participar.
Una vez conocida la elevación de la causa ante la Corte Interamericana, el Gobierno chileno aseguró mediante un comunicado su compromiso por la no discriminación y aseguró que el país seguirá avanzando en las medidas sugeridas por la mesa de trabajo y en buscar los consensos políticos necesarios para ello. Y aseguró que hará valer sus argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.