El proyecto es para a jóvenes de entre 14 y 24 años que estén en situación de riesgo social. Podrán finalizar sus estudios formales y capacitarse en oficios. Recibirán una beca equivalente a tres asignaciones universales (540 pesos). Lo tratará el Senado en la próxima sesión.
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y la de Seguridad Interior emitieron dictamen, este martes, sobre varios proyectos que proponen la creación de un programa nacional para la contención y capacitación de jóvenes en situación de riesgo social denominado “Servicio Cívico Voluntario”. La iniciativa será tratada en la sesión prevista para la semana próxima.
Las iniciativas fueron presentadas por los mendocinos Laura Montero (UCR) y Ernesto Sanz (UCR), José Pampuro (Buenos Aires-PFV), y Adolfo Rodríguez Saá (Peronismo Federal).
Detalles del dictamen aprobado . La idea es capacitar en oficios a jóvenes entre 14 y 24 años de edad, aprovechando la capacidad ociosa existente en instalaciones de las Fuerzas Armadas. Apunta, además, a posibilitar que completen sus estudios formales primarios y secundarios. El plazo de duración del mismo no podrá ser inferior a un año. Como contrapartida, los estudiantes percibirán mensualmente, durante el tiempo que permanezcan en el programa, una beca de estudio que no podrá ser inferior al monto de tres asignaciones familiares por hijo. Es decir, a valores actuales, recibirán una suma equivalente a $540. Cabe aclarar que esta beca no será incompatible con cualquier otro beneficio nacional o provincial.
Además, se proporcionarán cursos de formación teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación técnica en oficios. Al término del cursado se otorgarán certificados que acrediten idoneidad. El contenido de los cursos y capacitaciones será elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación, y podrá diferenciarse según las prioridades y necesidades que cada jurisdicción provincial defina. El programa se desarrollará en las instalaciones de las Fuerzas Armadas que se encuentren disponibles. En el caso de que éstas no fueren suficientes o apropiadas, “se deberá articular el uso de la infraestructura ociosa de otras entidades estatales dentro de cada jurisdicción”.
El dictado de los cursos estará a cargo del personal idóneo de dichas Fuerzas y del que designe cada jurisdicción provincial y el Ministerio de Educación de la Nación. Para que no queden dudas sobre los objetivos de este programa, en su artículo 8 el proyecto prescribe que “los ciudadanos no recibirán, bajo ninguna circunstancia, otros cursos o contenidos que los definidos por el Ministerio de Educación de la Nación”.
Los jóvenes podrán optar por incorporarse en condición de alumnos permanentes o concurrentes teniendo derecho, en ambos casos, a recibir alimentación y vestimenta. Los alumnos permanentes recibirán, además, alojamiento. Cuando se trate de instalaciones de las Fuerzas Armadas, deberán respetar sus reglamentos en lo que respecta a normas de convivencia.
Salideras y desarmaderos. En tanto, el proyecto que busca prevenir salideras bancarias presentado por el titular del bloque radical, Gerardo Morales, será discutido por las comisiones el próximo martes. Según la presidenta de la Comisión de Justicia, Sonia Escudero, evaluarán si pueden unificar esa iniciativa con la que fue aprobada en la Cámara de Diputados para llevarla al recinto el 29 de septiembre.
Otro de los proyectos que se discutió en la comisión fue el que propone prohibir la actividad de los desarmaderos y la compra-venta de autopartes usadas, presentado por el presidente del bloque kirchnerista, Miguel Angel Pichetto. La iniciativa finalmente no tuvo dictamen debido a las críticas que recibió por parte del presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, Francisco Astelarra, y del asesor legal de esa entidad, Carlos Estebenet.
Astelarra sostuvo que lejos de ser “una herramienta eficiente”, al contrario la medida “va a aumentar los robos y la proliferación de “microdesarmaderos” hasta en los jardines de las casas. Además, indicó que hoy “la policía está facultada para realizar allanamientos y secuestros de piezas de origen dudoso” y que “la prohibición de la compra venta de autopartes va a fomentar el mercado negro, incrementará el costo de las reparaciones de vehículos y de las primas de los seguros.
El tema seguirá en discusión para intentar arribar a un dictamen de consenso.