La Cámara de Diputados bonaerense sancionó este jueves ocho proyectos que envió a la Legislatura hace pocas semanas el gobierno de Daniel Scioli. Además, fueron giradas a Senado una decena de iniciativas referidas a la seguridad que fueron propuestas por la oposición.
En la última sesión de esta semana los diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionaron 8 proyectos de ley que previamente remitiera el Ejecutivo provincial al Senado. Todos los proyectos fueron aprobados por unanimidad, aunque en el debate se deslizaron ciertas diferencias y se relativizó la eficacia de las norma.
Entre los proyectos sancionados más destacables, se encuentran la creación de una nueva Tasa de Seguridad destinada al equipamiento de personal policial; la utilización de los videos registrados por cámaras de seguridad como pruebas ante eventuales delitos; el permiso para decomisar e incinerar armas y municiones no declaradas o que hayan sido utilizadas para la comisión de un robo.
El primero de los proyectos establece que "las armas de fuego, municiones y demás material controlado por disposición de órganos judiciales con competencia residual en el régimen de la ley 3589 no vinculadas a procesos en trámites" quedan sujetas a "destrucción en los términos de la ley nacional 25938 y ley provincial 13852". El segundo prorroga por el término de 12 meses "la autorización a la Suprema Corte de Justicia para disponer el traslado de Juzgados de Garantías y Juzgados Unipersonales de Familia". El tercero es el que agrega el capitulo 5, filmaciones, grabaciones y llamadas al 911 al título 8 del libro 1, y el artículo 265 bis y modificando el artículo 366, de la ley 11922, para establecer las pautas de prueba de las mismas.
El cuarto es un proyecto de ley en revisión que prorroga a partir de su vencimiento la ley 14116, y por el término de 1 año el plazo para completar el proceso de transformación de los Tribunales de Familia en Juzgados Unipersonales, establecido en la ley 13634. La quinta iniciativa es una modificación de artículos de la ley 10827 y derogación inciso 17 del artículo 291 del Código Fiscal, ley 10397. El sexto es un proyecto de ley en revisión que crea el cargo de agente fiscal y defensor oficial para actuar en el fuero Criminal y Correccional y de Responsabilidad Penal Juvenil.
El séptimo proyecto sancionado este jueves crea el cargo de Ayudantes Fiscales, destinados a los partidos de los Departamento Judiciales que no sean cabecera departamental. Y por último, se sancionó una ley que sustituye el inciso b del artículo 15 bis, la ley 5827 (ley orgánica del Poder Judicial).
Por otra parte, el oficialismo decidió dejar en stand by las vinculadas a la creación de nuevas estructuras judiciales y la declaración de emergencia edilicia en el Poder Judicial.
Asimismo, los diputados aprobaron sobre tablas una serie de proyectos de ley de la oposición que sirvieron de “prenda” para acceder al apoyo de las medidas de Scioli que fueron finalmente sancionadas. Esas iniciativas opositoras puestas ahora a consideración del Senado, seis corresponden al Unión Pro, dos al radicalismo, una al GEN y una a la Coalición Cívica.
La primera de las fuerzas mencionadas logró la aprobación de la provisión de chalecos antibalas para todos los agentes policiales que deberán ser auditados por la Policía Científica para chequear su calidad, la creación de una partida especial para el equipamiento de vehículos para la policía rural, campañas de difusión de los municipios en materia de seguridad y que el Gobernador de la provincia de Buenos Aires deba presentar anualmente su plan de seguridad. Así también aprobaron la obligación de los jueces de los fueros Penal y Civil y Comercial de la Provincia a hacer públicas sus sentencias en la página web de la Suprema Corte.
La UCR consiguió girar al Senado que los bancos y entidades financieras tengan puertas giratorias con detectores de metales y que se tabique el sector de cajas para impedir la visión de las operaciones por el resto de los presentes.
A la hora de fundamentar las iniciativas del gobierno, el presidente del bloque de diputados oficialistas, Raúl Pérez, reconoció que “seguramente, la semana que viene” la percepción que la ciudadanía tendrá acerca de la inseguridad “seguirá igual” pero los legisladores deben tener “reflejos” para aplicar las herramientas que ataquen a un delito al que calificó en permanente mutación.
Por su parte, la diputada radical Cecilia Moreau, se encargó de aclarar que el llamado “paquete” de leyes no fue tal, sino más bien una serie de medidas pendientes del gobierno que deben empezar a “construir políticas de Estado” al que situó como “ausente”.