Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun consideraron que en la pesquisa se investiga las conductas por las cuales distintas personas habrían obtenido beneficios jubilatorios al amparo de las leyes provinciales de La Rioja, fraguando documentación que indicaba que habían prestado funciones en el Banco de esa ciudad.
“Ello forzosamente implica llevar adelante una investigación más amplia que la de los meros beneficiarios de dichas jubilaciones, cuyo principal objetivo es el de desentrañar los distintos niveles de funcionarios responsables de dicho sistema”, explicaron en la resolución.
Los argumentos esgrimidos por los abogados defensores para alejar de la causa a Canicoba Corral, se habían basado en el lugar donde se había perpetrado la maniobra investigada, a criterios de “celeridad y economía procesal” y a distintos precedentes jurisprudenciales en los que se decidió la cuestión de competencia sobre la base de dónde habría tenido lugar el ardid.
Canicoba Corral y el fiscal Guillermo Marijuan -quien tiene delegada la instrucción de la causa- investigan si las jubilaciones obtenidas por quienes argumentaron ser empleados del Banco de la Provincia de La Rioja fueron conseguidas mediante procedimientos ilícitos.
La causa comenzó en febrero con una denuncia de la ANSeS que pedía la investigación de 747 jubilaciones de privilegio entregadas irregularmente a supuestos empleados del Banco de la Provincia de La Rioja entre 1996 y 1997. En julio, el juez Canicoba Corral ordenó la indagatoria a 148 personas jubiladas irregularmente por montos que van desde 600 a 6800 pesos mensuales. El fiscal Marijuan estimó que el fraude superaría los 50 millones de pesos.
Los sospechosos, entre los que se encuentran el ex profesor de tenis de Zulemita Menem, Edgard Romero Chacón, y la ex diputada justicialista, Marta Rivadera, están acusados de defraudación de la administración pública y de falsificación y uso de documentos públicos.
Canicoba Corral ya había rechazado en agosto del año pasado un pedido de inhibitoria en razón de incompetencia territorial, a raíz de un pedido formulado por un abogado defensor de los imputados.
En la resolución de hoy, los camaristas entendieron que sería prematuro declarar la incompetencia de la justicia federal, “puesto que una resolución en tal sentido perjudicaría no sólo el trámite de las presentes actuaciones sino la averiguación de la verdad material”.