A pedido del camarista Otilio Romano, la Cámara Federal apartó al magistrado de una investigación en su contra. El fallo fue duramente criticado por los consejeros políticos y un poco menos por los consejeros jueces. “En general, la justicia de Mendoza se ríe de nosotros”, dijo la consejera Diana Conti. “Hemos caído en una trampa con un agravante: que le vamos a dejar al próximo Consejo [el antecedente] de que cualquier conjuez puede trabar una investigación”, advirtió el consejero Ernesto Sanz.
La decisión de la Cámara Federal de Mendoza de apartar al juez Walter Bento de la investigación que le seguía a los camaristas Luis Miret y Otilio Romano por su presunta complicidad y participación en los crímenes de la dictadura cayó como un balde de agua fría en el Consejo de la Magistratura. Así lo expresaron todos los consejeros políticos presentes en la reunión de la comisión de Disciplina y Acusación y más tibiamente los consejeros jueces.
El martes último, la Cámara Federal de Mendoza, integrada para esa ocasión por los jueces Julio Petra Fernández -que estaba citado para este jueves por el Consejo por no inhibirse en causas por derechos humanos y no se presentó- y los sanjuaninos Leopoldo Rago Gallo y Miguel Ángel Gálvez, aceptó la recusación de Bento. Romano había planteado que el magistrado a cargo del juzgado federal Nº 1 de la provincia e “integrantes de su núcleo familiar” tenían “enemistad y animadversión hacia su persona”.
Esas características, resultarían “incompatible”, señaló Romano, “para asegurar un ecuánime ejercicio de su magistratura, o para despejar un genuino y legítimo temor de parcialidad”. El consejero-juez Gálvez, que suscribió la sentencia, participó en todas las reuniones del Consejo de este jueves pero se retiró cuando comenzó Disciplina y Acusación, a las 12.30.
Ante la consulta del consejero-senador Ernesto Sanz por el estado de la causa contra Romano, la presidenta de Disciplina y Acusación, Diana Conti, recordó que en julio el juez federal ad-hoc Carlos Parellada admitió un amparo del camarista mendocino que le ordenó al Consejo suspender el proceso de juicio político en su contra. Luego, continuó Conti, esa cautelar fue ampliada para que el órgano que selecciona y acusa a los jueces frenara “todo expediente con olor romanista”.
“En general, la justicia de Mendoza se ríe de nosotros”, advirtió la diputada-consejera. Sanz, oriundo de Mendoza, sostuvo que la resolución del juez ad-hoc Parellada implica un “conflicto institucional” y deja al Consejo “desdibujado”. Por eso, convocó a los consejeros a tomar una “resolución institucional” en el plenario del jueves próximo. El consejero-senador Nicolás Fernández sugirió que los asesores se reúnan en la semana para llegar al jueves próximo con un consenso.
En tanto, el consejero Héctor Masquelet anticipó que el ministerio de Justicia presentará una queja ante la Corte Suprema por “denegación de justicia” a raíz de la decisión del juez ad-hoc Parellada que paralizó toda investigación sobre Romano. Asimismo, Masquelet calificó de “extrema gravedad” el apartamiento del juez Bento por orden de la Cámara Federal de Mendoza y calificó a la resolución de ese tribunal como un “disparate”.
Sorprendida de la decisión de la justicia cuyana, Conti recordó que el Consejo tenía prevista una auditoría en la Cámara Federal mendocina para el 19 de octubre próximo y sugirió que a los auditores se les podrían sumar un grupo de consejeros. Luego, al ingresar de lleno en el terreno político, Conti propuso: “Si la cautelar está mal, incumplamosla”.
“Pero, ¿se imagina senador Sanz al kirchnerismo incumpliendo medidas cautelares?”, lanzó Conti. Tras las intervenciones de los consejeros políticos, pidió la palabra el consejero-juez Luis Cabral que requirió, antes de avanzar, contar con un informe del ministerio de Justicia aunque luego reconoció que “lo que hizo Romano fue trabar el funcionamiento del Consejo”.
El consejero-juez Luis Bunge Campos pidió “no entrar en la chicana abogadil” pero a la vez solicitó “no caer en prejuzgamiento porque [Romano] todavía no presentó su descargo por el artículo 20”. El camarista mendocino, acusado de partícipe secundario en 55 privaciones ilegítimas de la libertad y 39 hechos de torturas, estaba citado para el jueves 15 de julio pero un día antes hizo llegar al Consejo la decisión del conjuez Parellada que lo benefició.
Por fuera de su habitual calma, el consejero Masquelet recordó ante los consejeros que “la Corte Suprema desconoció medidas cautelares dictadas por jueces de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo respecto de personal del Máximo Tribunal”. Y en respuesta a Bunge dijo que “es difícil hablar de prejuzgamiento cuando” los jueces Romano y Miret ya fueron citados a declarar por el juez Bento. En ese sentido, urgió a los consejeros a “salir de la inactividad”.
“No quiero desobedecer una orden judicial”, planteó Sanz aunque reconoció: “Hemos caído en una trampa con un agravante: que le vamos a dejar al próximo Consejo [el antecedente] de que cualquier conjuez puede trabar una investigación”.
Cuando estaba finalizando la discusión entre los consejeros, una funcionaria del Consejo le avisó a Conti que había ingresado la denuncia contra los jueces Petra Fernández, Rago Gallo y Gálvez por el fallo de este martes. Al ser sorteado, el expediente recayó sobre Masquelet. El representante el Ejecutivo sugirió que para el próximo jueves se podría invitar al plenario al Procurador General Esteban Righi que este miércoles le pidió al Consejo “normalizar la situación” de “crisis institucional” de la Justicia federal mendocina. En ese sentido, Sanz dijo que sabía que fiscales de Mendoza se reunían este jueves con Righi.