Brevatas

Confirman sobreseimiento de Fernando De la Rúa

La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal ratificó por mayoría el sobreseimiento de Fernando De la Rúa en la causa por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2001, en la cual el ex presidente estaba acusado por los delitos de homicidio y lesiones culposas. La mayoría del tribunal (jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah) negaron que la declaración del estado de sitio pueda haber colocado al por entonces presidente de la Nación en "posición de garante" de la vida e integridad física de los ciudadanos en un contexto de conmoción interior, obligándolo de ese modo a reasumir decisiones administrativas delegadas por ley en una cadena jerárquica de funcionarios subalternos -que tenían a su cargo la dirección de la faz operativa del aparato de seguridad montado en la Ciudad de Buenos Aires- y evitar, con ello, que se produjeran los homicidios y lesiones ocurridos durante la jornada. Se resaltó que De la Rúa no había tomado decisiones vinculadas con cuestiones de seguridad interior, en particular alguna que indicara que se debía impedir la congregación de manifestantes en la Plaza de Mayo, dejando el manejo de la cuestión en los órganos que tenían competencia específica en la materia. Se agregó que desde su ámbito funcional podía confiar en que cualquier abuso o incorrecto desempeño de la Policía Federal Argentina sería controlada e informada por quienes se desempeñaban como secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, y/o ministro del Interior, Ramón Mestre (principio de confianza). En tanto, el voto de la minoría (Horacio Cattani) propuso revocar el sobreseimiento apelado y disponer el procesamiento por homicidio y lesiones culposas.

Se creó el Re. N.O.P.I.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Justicia, mediante la resolución 328/2010 creó el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (Re.N.O.P.I.). La resolución consigna que “se entenderá como Organizaciones de Pueblos Indígenas a aquellas que ostenten la representación mayoritaria de las comunidades indígenas de un mismo o de distintos pueblos indígenas a nivel provincial, regional o nacional. Las comunidades deberán tener registrada su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas”.

Un paso más para Casación

La Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia publicó este miércoles en el Boletín Oficial la lista de ternados, en distintos concursos, por el Consejo de la Magistratura para que “los particulares, los colegios profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones, objeciones, las posturas y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación a uno o más de los candidatos ternados”. El Plazo de presentación se extenderá por el lapso de 15 días y se deberá hacer en el Ministerio de Justicia. Se trata de los ternados en los concursos 197 (4 cargos en la Cámara de Casación Penal), 220 (10 vacantes en la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal), 228 (vacante en el juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata); 237 (cargo como juez en el TOF de Concepción del Uruguay, Entre Ríos); 245 (vacante en el TOF de Paraná, Entre Ríos) y 254 (vacante como juez del TOF Nº 1 de Córdoba).

El ex presidente del Banco Central había sido denunciado por malversación de fondos

La Sala II de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento del ex presidente del Banco Central Martín Redrado en una causa en la que se lo había denunciado por malversación de fondos. La causa se había iniciado por una denuncia realizada a comienzos de 2010 por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, a partir de una nota periodística, según la cual Redrado había efectuado varias contrataciones como titular del Banco Central sin conocimiento por parte del Directorio de la entidad, y que además tenía una vivienda que no estaría justificada por sus ingresos como funcionario público. Redrado renunció a la presidencia de la entidad a fines de enero tras negarse a crear un Fondo de Desendeudamiento, ordenado por la Presidente. En los fallos de primera y segunda instancia se analizaron las contrataciones denunciadas y se concluyó en que no hubo irregularidad alguna, y con relación al inmueble se consideró acreditado que había sido adquirido a través de un crédito hipotecario durante el año 1999 -cuando Redrado no ejercía un cargo público-, que fue informado en cada una de las declaraciones juradas presentadas por el ex funcionario.