Brevatas

Las provincias de Buenos Aires y Salta avanzan contra la violencia familiar

El Municipio de Tigre, en conjunto con la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro, inauguró la Primera Fiscalía Especializada de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una dependencia ocupada en delitos contra la violencia de género, la integridad sexual, el abuso sexual infanto-juvenil y la violencia familiar. Cuenta con una fiscal mujer, dos secretarias abogadas y un equipo técnico con dos profesionales de la psicología (ambos sexos). También en sus instalaciones se construyó una Cámara Gesell. La nueva Fiscalía, al igual que la Comisaría de la Mujer, recibe las denuncias de las víctimas de violencia, realiza las investigaciones correspondientes al delito denunciado y deriva a las víctimas al Programa Municipal de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Abuso Sexual para su contención y asistencia. En tanto, Salta ahora cuenta con una Oficina de Violencia Familiar que atenderá todos los días del año. Inició sus actividades esta semana bajo la órbita del Poder Judicial salteño. La OVF funcionará todos los días del año en el horario de 6 a 23 con la finalidad de facilitar el acceso a Justicia de las personas víctimas de estos episodios domésticos. Como parte de la puesta en funcionamiento de la oficina, la Corte de Justicia provincial y el Ministerio Público de la Defensa suscribieron un convenio de cooperación que permitirá la rápida intervención de los Defensores Oficiales Civiles una vez producida la denuncia de la víctima. En la Argentina, al menos una de cada cuatro mujeres sufre algún tipo de violencia y en el 80% de los casos el agresor es el compañero o ex compañero. Y el 90% de las personas involucradas en estos delitos provienen de hogares violentos y han sido víctimas de maltrato y abuso en su hogar, o testigos de la violencia en su familia.

Piden la remoción de directores privados de Papel Prensa

El Estado Nacional solicitó, como medida cautelar, la remoción de siete directores que representan al capital privado de Papel Prensa S.A. y a su gerente general. La demanda fue elaborada por la Procuración del Tesoro de la Nación, en patrocinio del Ministerio de Economía de la Nación -Secretaría de Comercio Interior, en el marco de una causa que fue acumulada al juicio que lleva adelante el Juzgado Comercial Nº 2, a cargo de Eduardo Malde. En la acción elaborada por el organismo que dirige Joaquín Da Rocha se solicita la intervención judicial de la empresa con el desplazamiento de los directivos del capital privado, mientras se sustenta el juicio de fondo para frenar con las irregularidades denunciadas. Ellos son los directores titulares Raúl Aguirre Saravia, Jorge Alberto Bazán, Daniel Fernández Muñoz, Alberto Maquieira, Guillermo González Rosas, Julio César Saguier y Jorge Carlos Rendo; y el gerente general Jorge Noseda. En concreto, los fundamentos vertidos en la demandan argumentan “el vaciamiento de funciones del Directorio de Papel Prensa, el que en los hechos ha traspasado sus funciones esenciales al Gerente General de la sociedad”; “la obstaculización sistemática de la labor de control que deben cumplir los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la compañía" -la única en la que el Estado tiene mayoría-; “la violación al derecho de información del Estado en su condición de socio minoritario”; “la irregular integración del Consejo de Vigilancia de la sociedad” y “anomalías en la gestión comercial de la empresa, como por ejemplo la inexistencia de estudios de costos que permitan establecer si las ventas de papel realizadas a los socios Clarín y La Nación han aparejado pérdidas para la sociedad”.

Otra vez sopa

La Sala III de la Cámara de Casación dispuso, por mayoría, que la Cámara Federal vuelva a expedirse sobre el pedido de recusación de Mauricio Macri para que se aparte al juez Norberto Oyarbide de la causa por las escuchas ilegales, causa en la que el jefe de Gobierno se encuentra procesado. Así, la mayoría integrada por Ángela Ledesma y Gustavo Mitchell hizo lugar parcialmente a un recurso presentado por Macri contra el fallo de la Sala I de la Cámara Federal, que rechazó el pedido de recusación. “Hay que analizar cuál fue la respuesta brindada por los jueces de la Sala I. Frente a este planteo concreto, los camaristas sólo señalaron que las expresiones del juez ante la prensa terminarían de dar forma a la escenografía a partir de la cual se afirma la existencia de parcialidad. Sin embargo, no analizaron si estos dichos tenían entidad suficiente para afectar su imparcialidad frente al caso o si había existido un prejuzgamiento. En consecuencia, esta omisión de tratamiento hace descalificable la sentencia con base en la doctrina sobre arbitrariedad”, señaló Ledema. En minoría, Liliana Catucci consideró que "la sospecha nacida de los comentarios hechos por los medios masivos de comunicación por un ex senador nacional que los avaló implícitamente con su presencia, en la audiencia de debate producida en esta sala el 20 de octubre del corriente, acerca de su predeterminación de incriminar a Macri por motivos ajenos a la causa e inspirados en imperativos no jurídicos, es suficiente para quebrar la parcialidad esperada de un juez y susceptible de crear en el justiciable el temor propio de la afectación de esa garantía", apoyando así la recusación.

Novedades en el caso del derrumbe de Villa Urquiza

La jueza de Instrucción María Dolores Fontbona de Pombo citó este martes a indagatoria a cinco imputados en el marco de la investigación por el derrumbe de un gimnasio ubicado en el barrio de Villa Urquiza, ocurrido en el mes de agosto. Como resultado del siniestro, fallecieron Guillermo Ramón Fede (37 años), Luis Lu (23 años) y Maximiliano Salgado (18 años). Si bien no se difundieron los nombres de los citados por la magistrada, trascendió que se incluyó en la lista a responsables y operarios de la obra en construcción en el predio lindero al inmueble donde ocurrió el hecho. Todos los imputados están acusados del delito de estrago doloso.

La Defensoría General, contra la discriminación de género