El senador Mario Cimadevilla (UCR), representante del Senado en el Consejo de la Magistratura recibió a DiarioJudicial.com en su despacho legislativo 24 horas después de que fracasara el intento de reformar el organismo en el Congreso. Sostuvo que el debate por la integración del Consejo “va a ser, por lo menos por un tiempo más, una discusión permanente en el Parlamento”. Asimismo, agregó una perspectiva que no estaba planteada en el proyecto de reforma trunco, “el consejero popular”, que en su provincia, “son normalmente los que con más tino y sentido común votan las cuestiones relativas al Poder Judicial”. Proveniente de una de las provincias más adelantadas en cuanto a implementación del Sistema Acusatorio, explicó el “problema cultural” que significará traspasar el sistema Federal ya que “cuando uno tiene todo un Poder Judicial formado para una determinada cosa, siempre los cambios son resistidos”. Para terminar, bregó por una “modificación integral del Código Penal” pues los “parches parciales tipo Blumberg” lo único que hacen es “empiojar de una manera muy dificultosa todo el procedimiento y la Justicia Penal”.
¿Cuáles son sus expectativas con su nuevo rol en el Consejo?
A nadie escapa que la manera de ejercer el poder que tiene el kirchnerismo lleva a usar y presionar el poder que utilizan para lograr doblegar a todo el mundo. Lo hacen con las cajas en las provincias, aprietan a los gobernadores y también es cierto que sus representantes en el Consejo de la Magistratura han tenido una actitud de complicidad y complacencia con aquellos jueces amigos del kirchnerismo. Y también han tenido una actitud hostil y agresiva contra aquellos jueces que han querido investigar cuestiones de este gobierno. Estar en el Consejo de la Magistratura es una responsabilidad importante, pero lo que hay que tratar de evitar es esta utilización política que se quiso hacer del Consejo por parte del kirchnerismo. La elección de magistrados y jueces ha logrado que haya un balanceo que hace que el kirchnerismo no pueda ejercer tanta presión dentro del organismo. Esta es la idea, garantizar a quienes estén ejerciendo cargo de jueces en la república que no van a ser molestados por sus sentencias, ni por sus actividades. Únicamente podrán ser investigados por el desempeño de sus conductas y si salieran de los carriles normales.
¿Cree en el poder de veto por parte del oficialismo?
Sin el oficialismo, ni se van a designar, ni se van a poder remover jueces, por las mayorías especiales que requiere la ley. El poder de veto, más allá de que se ejerza en los hechos o no, existe. Trataremos de aportar para que los jueces se manejen con independencia.
¿Ya tiene alguna línea de acción para seguir en el Consejo?
Hay mora en cubrir muchos juzgados federales y una de las cosas que tenemos que hacer, independientemente de la elevación de los pliegos al Senado, es agilizar todas las cuestiones para que los juzgados puedan tener a su titular. Además, hay varias jurisdicciones provinciales que están pidiendo la ampliación de juzgados o la creación de nuevos, y esto es una tarea importante.
¿Y en cuánto a la reforma rechazada en el Senado?
El Consejo es una institución que esta pensada y diseñada para una estructura que no es la nuestra. Nosotros copiamos nuestra estructura de república de la Constitución norteamericana, donde el Poder Judicial es un poder y los jueces tienen la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Mientras que el Consejo de la Magistratura es institución que viene transplantada de las democracias europeas donde el Poder Judicial, no es un poder propiamente dicho, sino que es una administración de Justicia. Esta adaptación a un sistema constitucional como el nuestro, tiene sus desajustes y genera sus problemas. Cierto es, que el Poder Judicial es el único de los tres poderes donde la ciudadanía no interviene en su designación, como lo hace en el Poder Ejecutivo y Legislativo. En nuestra provincia tenemos una experiencia donde el Consejo de la Magistratura tiene consejeros populares. La gente también vota consejeros populares para integrar el Consejo, y ¡oh sorpresa! Son normalmente los que con más tino y sentido común votan las cuestiones relativas al Poder Judicial. Esto se debe a que los consejeros populares analizan el funcionamiento de la Justicia desde el lado de los judiciables, no desde el lado de la corporación judicial, que tiene una visión muy particular de cómo debe funcionar la Justicia, que a veces no coincide con las necesidades, las prioridades y la visión que tiene el hombre común. No hay que tenerle miedo a que el pueblo común pueda participar también en el armado y la designación del Poder Judicial. La Constitución tiene, a mi juicio, un error. En el año 94, si bien se creó el Consejo de la Magistratura, se dejó librada a una ley la composición que va a tener ese consejo. Contrariamente a los que hicimos en Chubut, donde la integración está fijada en la propia Constitución. Entonces esto no está sometido a mayorías circunstanciales que pueda haber en el Parlamento. Y este Consejo ha estado sometido a estos vaivenes. Esto va a ser, por lo menos por un tiempo más, una discusión permanente en el Parlamento. Creo que más allá de los vaivenes que pueda tener la integración del Consejo de la Magistratura, siempre a la Corporación hay que ponerle otros integrantes en el Consejo que nivelen ese poder de decisión que han tenido siempre.
¿Qué opina de los dichos de la corporación judicial, que según el oficialismo dejó de ser un organismo técnico y ahora es "político"?
La política siempre tuvo que ver con la Justicia. Quién diga que la política nunca tuvo que ver con la Justicia desconoce, primero, aún que antes de que existiera el Consejo cualquier pliego de cualquier juez pasaba por los parlamentos. Esto significa someter un pliego a las presiones de sectores de los partidos y está bien que la Justicia tenga que ver con lo político. Lo que no quiere decir que los jueces tengan que fallar de acuerdo a cómo se lo pida el Gobierno de turno, pero no puede haber Poder Judicial que analice las cuestiones de la república totalmente desvinculado de la realidad política en la que se desempeña.
¿Qué opinión tiene del Sistema Acusatorio? ¿Cómo es la experiencia en Chubut?
La experiencia en Chubut ha dado sus resultados. Seguramente el tiempo dirá que habrá que mejorar. Creo que es un buen sistema. En la Justicia Penal está habiendo un desborde, y esto tiene que ver con los problemas de inseguridad. Yo no digo que la Justicia no tenga nada que ver, pero tampoco quiero echarle la culpa de los problemas de la inseguridad. Es muy común observar, y hay una creencia popular, que dice que se delinque porque las leyes son blandas o porque los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Fundamentalmente la responsabilidad en materia de seguridad es de quien administra el Estado. La prevención del delito, los medios para combatirlo, la inclusión social, la educación, es decir, todo lo que tiene que ver con la inseguridad no es resorte principal del Poder Legislativo, ni Judicial –aunque tienen que ver con este tema-. Si fuera un problema se resuelve muy fácil, pero convengamos que hay una responsabilidad mayor del poder administrador que de los otros poderes. Y hoy lamentablemente existe, para sacarse el bulto, trasladar la culpa a otros poderes y no asumir la culpa propia.
¿Ve posible cambiar la Justicia Federal?
Creo que habría que avanzar en una unificación de las normas procesales que apunte a la agilización de los procesos. Evitar esta congestión de causa, todo el procedimiento escrito y una estructura judicial que no da abasto. Yo vivo en una provincia donde el juzgado Federal de Rawson, que tiene competencia universal, que tiene al lado la U6, tiene una infraestructura muy pequeña. Todo esto atenta contra la buena administración de Justicia. Hoy hay un problema de infraestructura judicial que va a haber que abordar.
¿Ve realmente un inconveniente con los magistrados en un traspaso a un Sistema Acusatorio por la pérdida de poder que podrían experimentar?
Obviamente, hay todo un problema cultural. Cuando uno tiene todo un Poder Judicial formado para una determinada cosa, siempre los cambios son resistidos. Nos pasó en la provincia de Chubut, y vaya si se notó durante los primeros tiempos de la aplicación del nuevo Código Procesal. Esto genera resistencias y cuesta muchísimo que se adapten a otro sistema y otros procedimientos.
¿Qué proyectos sobre la Justicia está impulsando desde el Senado?
Ninguno en particular. Mi experiencia en el Senado me dice que hay como una ansiedad por parte de los legisladores, que cada vez que los medios trasmiten algún delito que tiene cierto tipo de notoriedad, venimos a modificar un artículo del Código Penal para encuadrar esa conducta. Yo ya no firmo más modificaciones parciales al Código Penal por que va a terminar con cuatro tomos si seguimos así, y no es la manera de abordar la cuestión. Creo que sí hay que avanzar en una modificación integral del Código Penal. El Ministerio de Justicia tiene elaborado un anteproyecto que está bastante bien hecho. Hay que avanzar en una modificación integral y no seguir con parches parciales tipo Blumberg que lo único que hemos conseguido es empiojar de una manera muy dificultosa todo el procedimiento y la Justicia Penal.
Siguiendo con la influencia de los medios, ¿cree que muchos jueces fallan en función de lo que luego publica la prensa?
Sí. Nadie se abstrae de los que publican los medios o de lo que los medios dicen. Yo hace poco tiempo atrás, hubo un debate en el Senado sobre la desaparición forzada de personas, donde se incorpora la figura del arrepentido, que no es ningún arrepentido sino que es un delincuente que entra a negociar su pena, donde yo planteé mis reparos a la incorporación de ese tipo de figuras al Código Penal porque son violatorias de las garantías de la Constitución, y una de las cosas que se me dijo fue, cómo le explicamos a la gente que nosotros nos oponemos a que esto va a ser una manera de esclarecer los ilícitos. Lo que no es cierto, no contribuyen a esclarecer ningún ilícito. Pero hay una creencia generalizada de que esto va a ayudar. Acá se habla de los jueces garantistas, y se pretende avanzar sobre la derogación de garantías porque se cree que de esa manera se va a poder investigar mejor el delito. Las garantías están puestas para el hombre de bien. Los jueces, y cualquiera, se sienten presionados por lo que se publica y se dice. El tema de las excarcelaciones. En mi provincia en la Constitución dice que el principio de inocencia está garantizado y que el proceso debe hacerse con el imputado en libertad en tanto y en cuanto no hay entorpecimiento en la investigación ni peligro de fuga. Un juez está obligado a fallar en función de esa norma constitucional, y es criticado por eso. Pretenden que queden presos. Si cuando hacemos la Constitución somos extremadamente garantistas, no pidamos que cuando tengamos que aplicar esas garantías que plasmamos en la Constitución, no pidamos mano dura en la aplicación práctica. Yo no creo que hay que renuncia a garantías para tener una mayor seguridad. Podemos tener una mejor seguridad no apartándonos de las garantías.