Para el ministro de Justicia es una "auténtica transformación funcional". Otros funcionarios creen que supone un importante cambio en la historia judicial española. Pero varios jueces advierten por "los graves problemas" que su implantación ha estado causando.
Tras la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial en España, comenzó la entrada en vigencia de la reforma de leyes procesales, que se están implementando de manera progresiva y cuya finalidad es agilizar y modernizar la Administración de Justicia. Pero no todos parecen estar de acuerdo.
La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI) y Jueces para la Democracia (JpD), expresaron que la Nueva Oficina Judicial supone "un importante cambio en la historia judicial española, un instrumento diseñado para que el Poder Judicial pueda ofrecer justicia rápida y de calidad al ciudadano".
Sin embargo, "la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) ha generado graves problemas en tres de los pilares sobre los que se sustenta la NOJ: a) la insuficiente dotación de personal de las Unidades de Apoyo Directo al Juez (UPAD) ha creado un cuello de botella que paraliza la tramitación y resolución de los procedimientos; b) el expediente digital sobre el que se sustenta el diseño de la NOJ (la sustitución del papel físico por archivos informáticos para evitar el peregrinaje de expedientes entre los Servicios Comunes y las UPADs) no existe; y c) la Agenda Programada de Señalamientos, herramienta esencial para la celebración de juicios y vistas, aún no funciona de una forma mínimamente eficaz".
Los magistrados consideran necesario "corregir las disfunciones" que pusieron de manifiesto estas experiencias piloto "antes de seguir con la implantación de la NOJ en otras localidades".
"Por ello solicitamos del Ministerio de Justicia la suspensión de su implantación en esta ciudad durante al menos tres meses, tiempo que consideramos prudencial para solventar la mayoría de los problemas que se están detectando. Si continúa el programa de implantación sin corregir previamente estas deficiencias, empeorará la calidad del servicio prestado a los ciudadanos. Y ello será imputable exclusivamente al Ministerio de Justicia", añadieron los jueces.
Una ruptura con la configuración clásica
El esquema de implementación de la Nueva Oficina Judicial supone una ruptura con la "configuración clásica de oficina o secretaría independiente y sin conexión con las demás" para configurarse en dos unidades básicas de trabajo: la unidad procesal de apoyo directo y los distintos servicios comunes.
La distribución de competencias entre jueces, tribunales y los secretarios judiciales, "a fin de dotar de seguridad jurídica al sistema", responde a las recomendaciones del Consejo de Europa, que insta a descargar a los jueces del ejercicio de tareas no estrictamente jurisdiccionales.
Esta nueva distribución de competencias, "realizada con el máximo respeto al ejercicio de la potestad jurisdiccional de jueces y tribunales", pretende descargar a éstos de toda tarea que puedan asumir perfectamente los secretarios judiciales. "No afectará a los derechos de los ciudadanos, sino que agilizará la Administración de Justicia y mejorará la calidad del servicio público que se presta", explicaron funcionarios judiciales españoles.